Artículo de opinión de Yolanda Ramírez, diputada provincial y concejal en El Casar

En estos momentos, en los que tanto se habla de nuestro texto Constitucional, a veces, lamentablemente las menos para ponerlo en valor, y en la mayoría de los casos para poner en duda su vigencia y modernidad, no he podido menos que recordar un viejo trabajo para un curso de postgrado que hice tras terminar la carrera, y que versaba sobre un libro de D. Antonio Torres del Moral, titulado “Constitucionalismo histórico español”.

Valor y vigencia de nuestra Constitución
Artículo de opinión de Yolanda Ramírez, diputada provincial y concejal en El Casar

Tirando de recuerdos, porque lamentablemente no he logrado localizarlo, hay cuatro conclusiones que se me quedaron grabadas de tal forma que, a menudo, me han venido a la memoria a propósito de situaciones o hechos de nuestra realidad política en diversos momentos.

La primera conclusión, en la que nuestra vigente Constitución sale con nota, es la referida a su supervivencia. Por aquel entonces, y pese a su aún corta vida, ya podía ser considerada una adulta hecha y derecha, comparada, claro está, con la cortísima vida de  sus predecesoras.

Ahora, en plena madurez real, con sus casi 40 años de vigencia y un  desarrollo legislativo, en ocasiones y temas aún insuficientes, pero habiendo soportado años de terrorismo, un serio intento de golpe de estado, dos durísimas reconversiones industriales y, al menos, dos grandes crisis económicas, especialmente dura ésta que aún sufrimos, me hace pensar que estamos ante un prometedor texto para la convivencia y con capacidad para afrontar retos y avatares de todo tipo, y con capacidad para solventarlos con todas las herramientas y garantías que un texto puede aportar, puesto que su interpretación y aplicación la hacemos simples humanos.

La segunda conclusión de aquel trabajo se plasma en los tres grandes problemas que nuestros cortísimos periodos de convivencia constitucional, encajonados entre absolutismos y dictaduras,  había tenido que afrontar, mejor dicho sufrir nuestro país.

El hecho religioso, las desigualdades sociales y el encaje territorial.

Respecto al problema religioso cuya expresión es el anticlericalismo que surge en el S. XVIII y adquiere su mayor virulencia a lo largo del S. XIX,  y principios del S.XX, siendo el “lerrouxismo” uno de sus mayores exponentes, representando en su época lo que hoy consideramos populismo, prácticamente es algo inexistente en los tiempos actuales y tan sólo podemos hablar de algunas manifestaciones que emergen, ocasionalmente, en las posiciones de la izquierda más radical e infantiloide, casi siempre vinculada a aquella que ha hecho del marxismo un fenómeno cuasi religioso.

El problema de la desigualdad social, fundamentalmente gracias al desarrollo económico y al empuje de las fuerzas sociales y políticas se encontraba, antes de esta crisis económica, probablemente, en su mejor fase a lo largo de toda nuestra historia.

Uno de los problemas más graves que impiden que nuestras desigualdades sociales se acorten hasta lo que es habitual en nuestro entorno socio-económico, estriba en nuestro “pobre” modelo productivo orientado esencialmente al sector de los servicios, con bajas productividades debidas ocasionalmente a la temporalidad, bajas tasas de retorno y bajas exigencias de cualificación que tiran hacia abajo de los salarios y por tanto del conjunto de las rentas inherentes al trabajo.

Bien es cierto que además del problema estructural que el conjunto de fuerzas políticas deberían afrontar como un Pacto de Estado para el impulso económico de nuestro país, y la mejora de nuestra economía, fundamentalmente la economía social, la actual crisis económica ha abierto una profunda brecha social entre aquellos a los que ésta les ha supuesto congelaciones o recortes, pero que han podido conservar la parte esencial de sus ingresos, y aquellos a los que ha golpeado el desempleo y se han visto obligados, en el mejor de los casos, a aceptar un nuevo empleo, pero normalmente en peores condiciones; o lo que es más grave, no han podido conseguir otro empleo y tienen muy pocas probabilidades de encontrarlo, fundamentalmente por razones de edad, y en numerosas ocasiones han sido condenados a la marginalidad arrastrándose con ello al resto de la familia.

Es en este segmento en el que la desigualdad se hace insoportable moralmente hablando para una sociedad moderna y que se hace necesario corregir como un imperativo moral.

El irredento problema territorial continúa apareciendo en nuestro país, y parece mentira que así sea a estas alturas, como el único gran problema no resuelto, y no precisamente por nuestro texto Constitucional, siendo como he señalado que hay muchos problemas que resolver.

En ocasiones éste parece un país con vocación cantonalista,   donde las fuerzas separatistas, disgregadoras y retrógradas pese a lo que ellas mismas crean, invocando derechos inexistentes, con planteamientos falsamente democráticos, pretenden poner en jaque los planteamientos integradores y europeístas, por los que apostamos la mayoría de los españoles.

Nos encontramos, con toda seguridad, entre los países con un mayor nivel de descentralización no sólo administrativa, sino también política.

Diecisiete Comunidades Autónomas con diecisiete Parlamentos, con prácticamente todos los servicios públicos y de atención directa al ciudadano trasferidos, con capacidades legislativas y normativas que, en ocasiones, nos hacen parecer diecisiete países distintos y son, en ocasiones, un verdadero problema para el desarrollo económico, pero al parecer aún no tenemos suficiente y siempre necesitamos más y cuando lo tengamos todo, pues seguiremos necesitando más hasta la extenuación.

Este país, España, necesita afrontar con urgencia problemas que nos afectan a todos de una manera u otra, y que requieren de una dirección común, como el problema del agua, y no sólo me refiero a su escasez, sino también a su distribución, el cambio climático y sus efectos, la mejora de la educación con estándares mínimos de exigencia, la igualdad de la atención sanitaria a todos los españoles residamos donde residamos, y esto por citar tan sólo algunos de los que me parecen más relevantes.

Por ese motivo, considero vacuos y faltos de contenido real las diatribas que desde ciertos círculos políticos, tertulias y mentideros de todo orden, dedican tantos esfuerzos a poner en tela de juicio nuestro texto Constitucional, texto considerado como uno de los más progresistas de nuestro entorno y con el que ha sido posible dar salida a temas difíciles y espinosos que nuestros vecinos no han sido capaces de resolver o lo han hecho mucho más tarde que nosotros.

Sinceramente, tras todo lo anterior no me queda más remedio que apostar por el valor y la plena vigencia de nuestra Constitución que, en el mejor de los casos, tan sólo puede necesitar algún retoque y adecuación, y que con toda seguridad está más necesitada de desarrollos legislativos que la hagan más operativa.

En este treinta y nueve cumpleaños de nuestra Carta Magna tan sólo puedo agradecerle este largo periodo de desarrollo democrático y de estabilidad y desde luego desearle una larga y próspera vigencia en beneficio de quienes nos sucedan.