La diputada regional por el PSOE de Cuenca, Carmen Torralba, ha puesto en valor la aprobación ayer en las Cortes de la Ley de Transparencia y Buen Gobierno de Castilla-La Mancha, con el consenso de todos los partidos políticos. Una normativa con la que el presidente García-Page cumple su compromiso de garantizar a los ciudadanos “la participación ciudadana y el acceso a la información”.
Especial hincapié ha hecho la responsable socialista en el hecho de que esta ley es “mucho más ambiciosa” que la estatal, pues “va más allá” en lo referente al acceso a la información, el registro de ‘lobbies’ y la exigencia de buen gobierno a los altos cargos institucionales.
Asimismo, ha destacado que Castilla-La Mancha ya fue pionera que publicar información sobre los altos cargos y los miembros del Gobierno, así como en imponer incompatibilidades a aquellas personas que tienen un cargo público. Es más, antes incluso de que se tramitara parlamentariamente la ley ya se había puesto en servicio el Portal de Transparencia dentro de la web de la Junta de Comunidades.
Sobre la propia Ley de Transparencia y Buen Gobierno, explica que tanto la Administración como las entidades obligadas deben aportar información institucional y organizativa, sobre altos cargos y asimilados, sobre programas y sobre reglamentos, anteproyectos y decretos de Ley. Asimismo, incluirán datos sobre los Presupuestos y su ejecución, sobre contratos públicos y sobre los bienes inmuebles que se poseen.
En lo referente al derecho de acceso a la información pública, explica Torralba que “son los ciudadanos los que deben solicitarla y ha de ser sobre procesos finalizados, que no estén en proceso de elaboración y decisión. Asimismo, remarca que existen ciertos límites legales, como la protección de datos y el deber a no modificar el contenido si se reutiliza para otros fines.
La nueva Ley, un referente en buen gobierno
La diputada del PSOE ha expuesto que la normativa ayer aprobada incluye un “exigente” código de sanciones y obligaciones que “la Ley estatal de 2013 pasa por alto”. Así, regula la inscripción de los lobbies como organizaciones y personas que se dedican profesionalmente a influir en las tomas de decisiones públicas y se impone a sus miembros un código de conducta “que garantice el ejercicio correcto de su capacidad de influencia”.
También desarrolla un código de buenas prácticas más estricto que la normativa estatal para los altos cargos y asimilados, destacando que se prohíbe el uso de tarjetas de crédito o débito con cargo a las cuentas públicas y se impone el uso adecuado de teléfonos móviles y ordenadores.
“Esto evitará que se puedan volver a repetir casos como el de Nacho Villa, ex director de la radiotelevisión pública, y sus desproporcionados gastos con cargo a las arcas públicas o el del ex consejero José Ignacio Echániz, quien no devolvió su móvil de alta gama tras finalizar su mandato”, ha dicho Torralba.
Órganos para el desarrollo de la Ley
La responsable socialista ha explicado que el desarrollo de la Ley supone la puesta en marcha de una Oficina de Transparencia para diseñar y hacer un seguimiento de las políticas en esta materia; una Comisión Interdepartamental para la Transparencia que coordinará la implementación de las medidas; y un Consejo Regional de Transparencia y Buen Gobierno, que informará de forma independiente sobre la resolución de las reclamaciones denegatorias en el acceso a la información.
