El presidente de la Diputación de Guadalajara, José Luis Vega, ha confirmado este miércoles en Molina de Aragón que las zonas rurales de la provincia han incrementado su censo en más de 4.000 personas. Este repunte representa un crecimiento del 7,45% desde la entrada en vigor de la Ley de Medidas frente a la Despoblación de Castilla-La Mancha. Los datos se han hecho públicos durante la apertura de la jornada ‘Ruralajara Avanza’, un foro organizado por el Observatorio de la Despoblación para analizar el impacto demográfico y económico en los municipios más pequeños.
Según los registros aportados por la institución provincial, todas las comarcas rurales de Guadalajara presentan actualmente un saldo migratorio positivo. Esto significa que durante los últimos cinco años ha llegado más población a residir en estos pueblos de la que ha decidido marcharse de ellos. Vega ha atribuido este cambio de tendencia a las medidas tributarias, económicas y sociales impulsadas por el Gobierno regional, aunque ha advertido sobre la necesidad de evitar triunfalismos para seguir resolviendo las carencias estructurales del entorno rural.
Para consolidar esta tendencia, la Diputación y la Universidad de Alcalá (UAH) han presentado una nueva estrategia conjunta orientada a dinamizar la actividad económica local. El objetivo es complementar la llegada de nuevos vecinos con la creación de empleo estable y el mantenimiento de los servicios básicos.
El impacto continuado de la fiscalidad diferenciada
La consolidación de estos nuevos residentes no es un fenómeno aislado, sino el resultado de la aplicación progresiva de la normativa autonómica. Durante el último año, la cobertura de Liberal de Castilla ha documentado cómo las ventajas fiscales han servido de principal incentivo para fijar población en áreas críticas como el Señorío de Molina o la Sierra Norte. Las deducciones de hasta el 25% en la cuota autonómica del IRPF para residentes en zonas de extrema despoblación han sido un factor determinante en las recientes campañas de la renta.
A esto se suma el trabajo previo del propio Observatorio de la Despoblación, que a lo largo de 2025 se encargó de mapear las necesidades reales de estas comarcas. La evolución de las políticas públicas muestra ahora un cambio de fase: superada la etapa inicial de frenar la hemorragia demográfica mediante bonificaciones fiscales directas, el reto que afrontan las administraciones en Guadalajara pasa por la retención a largo plazo mediante la generación de tejido productivo real.
