La Audiencia Provincial de Cuenca ha confirmado la condena contra una mujer como autora de un delito leve de usurpación por ocupar sin autorización una vivienda en la capital conquense, ratificando tanto la pena de cinco meses de multa con una cuota diaria de seis euros como la obligación de restituir el inmueble a su propietaria.
En la sentencia número 153/2026, fechada el 27 de octubre de 2026 y ya firme al no caber recurso ordinario contra ella, la magistrada ponente Beatriz López Auñón desestima íntegramente el recurso de apelación interpuesto contra el fallo dictado el pasado 29 de abril por la Plaza número 4 de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Cuenca.
Legitimación de una copropietaria y ausencia de permiso acreditado
La defensa de la condenada alegó en su recurso que la denunciante carecía de legitimación para actuar en solitario al tratarse de un inmueble de titularidad conjunta sin que constara la oposición expresa del resto de titulares.
La Audiencia Provincial rechaza este argumento al recordar que el delito de usurpación de bienes inmuebles previsto en el artículo 245.2 del Código Penal es un delito público perseguible de oficio y que la denunciante, que acreditó mediante escritura pública su condición de copropietaria por título hereditario, está legitimada por sí sola para ejercitar las acciones penales y civiles en beneficio de la comunidad.
Asimismo, la recurrente sostuvo que accedió a la vivienda hace más de tres años con el consentimiento de una persona que dijo ser nieta de los propietarios y que realizó obras de mejora y acondicionamiento.
Sin embargo, la resolución subraya que dichas afirmaciones carecen del más mínimo refrendo probatorio sobre la identidad o legitimidad de esa supuesta autorizante y destaca que la propia acusada admitió haber recibido la visita de un familiar de la denunciante que le advirtió de que no podía permanecer allí, pese a lo cual continuó ocupando el inmueble.
Aval a la cuantía de la multa dentro del marco legal
El tribunal provincial desestima también la supuesta vulneración del principio de intervención mínima del Derecho Penal al señalar que, una vez tipificada una conducta por el legislador, los jueces quedan vinculados por el principio de legalidad ante la permanencia deliberada en un inmueble ajeno sin autorización.
Por último, la sentencia avala la extensión de la pena impuesta frente a la tesis de la defensa, que sostenía que la multa no podía superar los tres meses propios de las penas leves.
En aplicación del artículo 13.4 del Código Penal, la Audiencia explica que, cuando una pena puede considerarse por su extensión tanto leve como menos grave, el delito se cataloga como leve a efectos procesales, pero el órgano judicial puede imponer la sanción en toda la extensión prevista por el artículo 245.2 —que alcanza hasta los seis meses de multa—, por lo que los cinco meses fijados en primera instancia se ajustan plenamente a la ley.


