Izquierda Unida (IU) ha vuelto a poner el foco sobre la gestión de la piscina climatizada municipal de Azuqueca de Henares. La formación denuncia que las instalaciones, explotadas por la empresa concesionaria La Alameda Agua y Salud, sufren reiterados cierres e interrupciones del servicio sin explicaciones claras, mientras los abonados continúan pagando sus cuotas íntegras.
Según relata el grupo municipal, el malestar ha llevado a los propios usuarios a movilizarse mediante la presentación de hojas de reclamaciones en el Registro y una recogida de firmas para exigir soluciones.
«No se puede exigir a los usuarios que cumplan puntualmente con sus obligaciones económicas mientras la empresa no garantiza la prestación del servicio en las condiciones que corresponden. La ciudadanía merece explicaciones, transparencia y soluciones, no silencio», ha subrayado la portavoz de IU, María José Pérez Salazar.
Críticas directas al alcalde y al edil de Deportes
Desde Izquierda Unida sostienen que la problemática no es sobrevenida y aseguran que existen informes técnicos municipales —e incluso de la propia dirección— que acreditan las deficiencias. Por ello, atribuyen la falta de medidas a una «actitud política de excesiva complacencia» por parte del Ejecutivo socialista.
Pérez Salazar ha señalado directamente al concejal de Deportes, Enrique Pérez de la Cruz, a quien acusa de mantener una «relación de cercanía» con la adjudicataria en lugar de fiscalizar el contrato. La edil recuerda que la concesionaria celebró la salida de IU del equipo de Gobierno —que se produjo en abril de 2025— y asegura que, desde entonces, «la empresa parece haberse encontrado con menos exigencia y menos fiscalización política».
Del mismo modo, la portavoz responsabiliza al alcalde, Miguel Óscar Aparicio, de mantener a los vecinos «abandonados a su suerte». «Tenemos a un alcalde incapaz de convertir el conocimiento de los problemas en soluciones, más pendiente de sostenerse políticamente que de resolver los problemas de la ciudadanía», ha afirmado.
Un conflicto con antecedentes en el Pleno
Las fricciones en torno al control de esta concesión administrativa se arrastran desde hace meses en el Consistorio azudense. En octubre de 2025, IU ya acusó al Gobierno local de supuestas irregularidades para beneficiar a la empresa, una crisis que derivó días después en la convocatoria de un Pleno extraordinario para abordar la tramitación de sanciones contra La Alameda Agua y Salud.
Posteriormente, en la sesión plenaria de mayo de 2026, los grupos de la oposición (IU, PP y Vox) sacaron adelante una iniciativa sobre la gestión de la concesionaria pese al voto en contra del PSOE. Ahora, IU advierte de que esos acuerdos plenarios no pueden quedar en «papel mojado» ni los informes técnicos «acumulando polvo en los cajones».
Seis exigencias y control de las reclamaciones
Además de exigir que las quejas registradas por los vecinos sean tramitadas y trasladadas a todos los grupos de la Corporación para garantizar la labor de control de la oposición, Izquierda Unida ha formulado seis reclamaciones concretas al Gobierno municipal:
Explicar públicamente las causas de los cierres y las interrupciones del servicio.
Informar del estado real de las instalaciones y facilitar un calendario concreto para recuperar la normalidad.
Hacer públicos los informes técnicos relativos a los incumplimientos de la concesionaria.
Ejecutar las penalidades ya aprobadas por el Pleno y exigir el cumplimiento íntegro del contrato.
Estudiar compensaciones económicas para los usuarios por los servicios abonados y no prestados.
Garantizar la tramitación de todas las reclamaciones vecinales y su comunicación a los grupos municipales.
«La piscina climatizada es una instalación pública, no un negocio en el que la ciudadanía tenga que asumir las consecuencias de una gestión deficiente», ha concluido Pérez Salazar, reclamando responsabilidades políticas y soluciones inmediatas.


