Los agricultores de la provincia de Cuenca se enfrentan a pérdidas que ya se estiman en seis millones de euros debido a la paralización de la actual campaña de recolección. La organización agraria ASAJA Cuenca señala que las restricciones impuestas por el Índice de Propagación Potencial (IPP) de incendios, que ha marcado el nivel rojo extremo en diez ocasiones durante las últimas dos semanas, han provocado graves trastornos en los trabajos agrícolas.
Esta paralización afecta a más de 60.000 hectáreas de cereal distribuidas por varias comarcas de la provincia, con cerca del 50% de la cosecha aún por recoger en algunas zonas. La interrupción obligatoria durante las horas centrales del día impide recoger el grano en su momento óptimo. Cada jornada de retraso incrementa la caída natural de la espiga al suelo, un producto que se pierde de forma irrecuperable y reduce directamente el rendimiento esperado. Ante esta situación, la organización estudia medidas jurídicas para reclamar indemnizaciones por los daños sufridos en las más de 50.000 hectáreas directamente perjudicadas.
El principal obstáculo operativo radica en la publicación del mapa de riesgo, que se emite diariamente alrededor de las siete de la tarde y dicta las normas para el día siguiente. Esta incertidumbre impide planificar la campaña con normalidad en un momento donde la rapidez es vital. Por este motivo, ASAJA ha solicitado a la Consejería de Desarrollo Sostenible una modificación urgente de la orden reguladora vigente.
La propuesta central consiste en permitir el trabajo a primera hora de la mañana sin las exigencias actuales. En la provincia de Cuenca, los amaneceres suelen registrar temperaturas inferiores a los 25 grados, unas condiciones que, según la organización, no justifican la obligación de disponer de un tractor adicional con cultivador, un operario de retén y un depósito de al menos 400 litros de agua. ASAJA insiste en su compromiso total con la prevención de incendios forestales, pero exige que la normativa se adapte a las condiciones térmicas reales de cada momento para garantizar la viabilidad de las explotaciones.
Hemeroteca y evolución normativa
Las tensiones entre la normativa de prevención de incendios y la viabilidad del trabajo agrícola no son un fenómeno nuevo en Castilla-La Mancha. Según los registros de Liberal de Castilla, el endurecimiento de las restricciones asociadas al Índice de Propagación Potencial comenzó a tomar su forma actual tras las severas campañas de incendios forestales de la última década en la región. Lo que en sus inicios se planteaba como una serie de recomendaciones para evitar la ignición accidental por maquinaria pesada, derivó progresivamente en una ordenanza de obligado cumplimiento gestionada por las autoridades medioambientales.
El sistema de alertas diarias se implementó para estandarizar el riesgo en toda la comunidad autónoma. Sin embargo, esta unificación de criterios ha generado una fricción recurrente en provincias con grandes oscilaciones térmicas diarias como Cuenca o Guadalajara. A lo largo de los últimos años, el sector agrario ha reclamado de forma constante una mayor flexibilidad que reconozca la diferencia física y climática entre cosechar a las cuatro de la tarde y hacerlo al amanecer.
La evolución de esta normativa evidencia una clara tendencia de la administración hacia la máxima precaución medioambiental. El actual bloqueo operativo demuestra el coste económico de aplicar un modelo de riesgo inamovible para toda la jornada. La propuesta actual de ASAJA no busca suprimir el IPP, sino refinar su aplicación horaria, abriendo un debate sobre la microgestión del clima que será determinante para el futuro equilibrio entre la agricultura y la protección forestal en la comunidad.
