La democracia a la que denominamos deliberativa, nos propone un ejercicio de dialogo recíproco desde el respeto por los que piensan distinto, es decir, el mayor objetivo de la democracia deliberativa es construir y sostener un espacio de entendimiento propicio para lograr un diálogo inclusivo con la potencia de influir en las políticas publicas.
La conversación social originada a partir del debate sobre la legalización de la interrupción voluntaria del embarazo ha sido sin duda el mayor ejercicio de democracia deliberativa que dio la Argentina en el último tiempo. Explicaré porque:
El debate que abrió en la sociedad argentina el proyecto de ley sobre la despenalización del aborto nos permitió, además de extraer varias conclusiones, alcanzar algunos puntos de encuentro; uno de ellos -y tal vez el más relevante- se refiere al rechazo a la criminalización de la mujer que tuvo que atravesar por esa situación límite.
Es decir -salvo excepciones, que por supuesto las hubo- mientras una parte de la conversación publica argentina se expresó directamente a favor de la despenalización del aborto, pudo observarse una inmensa cantidad de personas que -no obstante objetaron la interrupción voluntaria del embarazo- se manifestaron en desacuerdo con que una mujer sea perseguida y castigada penalmente por haber tomado una decisión que ellos nunca tomarían y que incluso, consideran reprochable a la luz de sus creencias o convicciones personales.
El punto de encuentro se sintetiza entonces en que una gran parte de la población asume que el solo hecho de poner en leyes penales aquello que como sociedad valoramos como negativo o reprochable, es en el caso del aborto 1- entendido directamente como una intervención violenta que solo incrementa el dolor sobre una mujer que tuvo que atravesar una situación extrema sin resolver la problemática de fondo, o 2- consideran que el castigo penal no es el indicado en tanto no puede resolver per se ciertos problemas, y menos aun, aquellos de la extrema complejidad del aborto.
En este sentido, muchos expresaron que la amenaza de perseguir, condenar y castigar no ha resultado un disuasivo eficiente respecto del aborto y por ello entendieron que, no obstante están en contra de la interrupción voluntaria del embarazo, es necesario repensar ciertas formas en que como sociedad abordamos la cuestión del aborto y la manera en que pretendemos resolverlo.
En definitiva, tanto unos como otros por sus respectivas razones y argumentos, no adhieren a la intervención punitiva del Estado en el tema, y ponen en crisis la legitimidad de la criminalización del aborto.
Tal nivel de consenso parece haberse alcanzado sobre esta cuestión, que el propio Presidente de la Argentina anunció de forma pública, que en el nuevo proyecto de reforma al Código Penal de la Nación, se incluiría un capítulo específico sobre la despenalización del aborto.
Actualmente estamos presenciando un escenario similar generado a partir del debate por la reforma de la ley de Educación Sexual Integral, la cual -luego de las respectivas audiencias públicas-, obtuvo dictamen de comisión en la Cámara de Diputados de la Nación.
En conclusión, la democracia representativa funciona, no se detiene, los debates parlamentarios se dan y las cámaras de diputados y senadores, con diferencia de estilos, actúan dentro de los marcos institucionales.
Ahora bien, como vimos en el caso de la ley de aborto y estamos observando ahora con la ley de educación sexual integral, la democracia en su versión deliberativa también funciona y de forma histórica y transformadora, pues así se manifiesta la energía de la conversación pública cuando es construida desde el valor del respeto y la pluralidad.