La Consejería de Fomento ha sometido a información pública el expediente de calificación urbanística para la implantación de la planta solar fotovoltaica Haza del Sol, de 150 megavatios (MW) de potencia, y sus correspondientes infraestructuras de evacuación. Este macroproyecto, impulsado por la empresa Alfanar Energía España S.L.U., impactará directamente en once términos municipales de la provincia de Guadalajara: Fuentelencina, Alhóndiga, Berninches, Peñalver, Tendilla, Fuentelviejo, Armuña de Tajuña, Aranzueque, Valdarachas, Guadalajara y Pozo de Guadalajara, extendiendo finalmente su trazado hasta Los Santos de la Humosa y Alcalá de Henares, en la Comunidad de Madrid.

A partir del 30 de junio, al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha (DOCM), se abre un plazo improrrogable de veinte días para que los particulares y ayuntamientos implicados puedan presentar las observaciones y alegaciones pertinentes. La documentación técnica especifica un extenso listado de decenas de fincas rústicas afectadas por las distintas fases de la instalación: la propia planta solar (radicada en polígonos de Fuentelencina y Berninches), las zanjas de media y baja tensión, la futura subestación y la extensa línea aéreo-subterránea que cruzará de lleno la comarca de la Alcarria.
Este nuevo trámite oficial representa el avance definitivo de un proyecto que ha estado envuelto en una intensa conflictividad social sobre el territorio. Tal y como documenta la hemeroteca de Liberal de Castilla, el pasado mes de marzo se levantó una fuerte polémica cuando Ecologistas en Acción denunció públicamente que la promotora había enviado cartas con un ultimátum de quince días a los agricultores de Fuentelencina que se resistían a arrendar sus fincas. En la misiva, Alfanar advertía de que, de no alcanzar un acuerdo amistoso, incluiría los terrenos en la solicitud de Declaración de Utilidad Pública, abriendo la puerta a su expropiación forzosa.
La evolución de la planta Haza del Sol, cuya tramitación inicial arrancó en 2021 sin que muchos titulares se sintieran debidamente informados, exige una ocupación de 275 hectáreas, de las cuales 94 no habían sido cedidas voluntariamente por los vecinos a principios de este año. La magnitud de su línea de evacuación, con 48 kilómetros atravesando regadíos, monte bajo y masas arboladas hasta Madrid, motivó también que la Asociación Provincial de Agricultores y Ganaderos (APAG) emitiera un comunicado de rotunda oposición al proyecto el pasado mes de mayo. Ahora, con la apertura de este periodo de información pública, las plataformas vecinales y el sector primario cuentan con su principal ventana legal para frenar o modificar un proyecto que transformará el paisaje de once municipios alcarreños.

