El Ayuntamiento de Guadalajara dará este viernes el paso definitivo para suprimir 310 de las 413 nuevas plazas de aparcamiento de zona azul en la ciudad. Mediante una Junta de Gobierno Local de carácter extraordinario, el equipo de gobierno aprobará la modificación del contrato del servicio de estacionamiento regulado. Esta decisión busca adaptar el mapa de aparcamientos a la realidad urbana tras la reciente suspensión judicial de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE), un proyecto diseñado por la corporación municipal del anterior mandato.
La medida supone la eliminación práctica de casi el 80% de la nueva zona azul proyectada inicialmente en las áreas limítrofes. La reestructuración afectará únicamente a las plazas de rotación, garantizando en todo momento que las zonas rojas destinadas en exclusiva a los residentes se mantengan completamente inalteradas. Con este trámite, el consistorio da cumplimiento a la Ley de Contratos del Sector Público, ajustando las condiciones de la concesión a la nueva ordenación del tráfico de la ciudad.
Nuevas condiciones para la concesionaria
El recorte en el número de estacionamientos regulados trae consigo una importante adecuación económica en las obligaciones de la empresa adjudicataria, Dornier S.A. El canon fijo anual que la compañía abona a las arcas del Ayuntamiento de Guadalajara se reducirá a la mitad, pasando de los 489.000 euros estipulados originalmente a 254.176,60 euros (IVA excluido).
A pesar de esta merma en el canon de ingresos para el consistorio, será la propia empresa concesionaria quien asuma íntegramente los costes derivados de borrar y repintar las líneas de las 310 plazas que dejan de ser de pago. Todo el proceso logístico y técnico culminará en cuestión de días, ya que los nuevos parquímetros entrarán en funcionamiento oficial este próximo sábado, 1 de junio.
Evolución del conflicto del aparcamiento en la capital
Tal y como se ha venido analizando en la hemeroteca de Liberal de Castilla a lo largo del último año, la vinculación entre el estacionamiento regulado y la Zona de Bajas Emisiones ha supuesto uno de los mayores giros en la política de movilidad de Guadalajara. El modelo original contemplaba una ZBE concebida bajo parámetros muy restrictivos, lo que obligaba a expandir significativamente la mancha de la zona azul en los barrios limítrofes para disuadir la entrada de vehículos.
Sin embargo, el frenazo legal y administrativo a este perímetro de bajas emisiones ha forzado un necesario efecto dominó sobre el contrato de los parquímetros. El actual consistorio ha argumentado recurrentemente que las restricciones previas eran una imposición que no se ajustaba a la realidad de Guadalajara, al no existir niveles de emisiones que justificaran tal blindaje. Con el acuerdo de este viernes, se cierra el círculo que comenzó con la anulación de la ZBE, revirtiendo una expansión del aparcamiento de pago que capitalizó el debate público y permitiendo que la concesión opere acorde a las necesidades reales de los vecinos.
