Caneján (Lleida), Riocavado de la Sierra (Burgos), Valverde de los Arroyos (Guadalajara), Navaescurial (Ávila), Gistaín (Huesca), San Roque de Riomiera (Cantabria), Rábanos (Burgos), Viniegra de Arriba (La Rioja), Torralba del Pinar (Castellón) y Valsalobre (Cuenca) son los 10 municipios de España que menos están agravando el cambio climático en nuestro país y, por el contrario, más contribuyen a la conservación de la biodiversidad. Así se desprende de una investigación realizada por Greenpeace y plasmada en el informe “HablaRural”, donde se analizan las actividades a las que se destina la superficie total de todos los municipios de España (1).
Estos diez municipios no presentan actividades que generen grandes emisiones de gases de efecto invernadero y, por el contrario, sí albergan áreas verdes y ecosistemas bien conservados, que actúan como sumideros naturales de carbono atmosférico. Como demuestra este listado, y el análisis de usos del suelo de nuestro país, el medio rural es clave para solventar la emergencia climática y la crisis de biodiversidad. De hecho, a nivel estatal, el medio rural ayuda a frenar el cambio climático un 34% más que las ciudades y unas 20 veces más a la conservación de la biodiversidad.
Estos pueblos, como gran parte del territorio, se ven aquejados por un importante proceso de despoblamiento y actualmente cuentan con menos de 150 habitantes y una densidad poblacional muy baja, menor de 5 habitantes por km2. Estas personas cohabitan ecosistemas valiosísimos y contribuyen a su cuidado. Todos estos pueblos se caracterizan por presentar extensas áreas de bosques (casi el 80% de su término municipal, por ejemplo, en Torralba del Pinar o el 65% en Rábanos), pastos para el ganado (por ejemplo, en Viniegra de Arriba, la superficie de pastos para el ganado supera el 50% del término municipal y en Gistaín en torno a un 40%) y pequeñas tierras de cultivo. Este uso del territorio permite combinar la conservación del medio natural y el desarrollo de actividades económicas respetuosas con el medioambiente y la producción de alimentos como alternativa a la producción industrial de los mismos.
Valverde de los Arroyos y Torralba del Pinar están enclavados en espacios naturales protegidos (ENP), en el Parque Natural de la Sierra Norte de Guadalajara y Parc Natural de la Serra d’Espadà, respectivamente, protegiendo los valores naturales de esos ecosistemas. Sin embargo, la conservación efectiva de los ENP requiere de la elaboración de instrumentos legales (PORN Y PRUG) que ordenen los usos y actividades que allí se realicen. El Parque Nacional de la Sierra Norte de Guadalajara no cuenta aún con dichos instrumentos, tal y como contempla la ley de creación del Parque (2), a pesar de haberse declarado como tal hace ya 10 años.
Con el abandono de la actividad agraria y el declive del medio rural, los modos de producción sostenibles y todas sus especies asociadas están desapareciendo. Esto condena a la sociedad a proveerse de alimentos de la agroindustria, con nefastos efectos para el medioambiente. Por ejemplo, el número de cabezas de ganado se ha multiplicado por 2,5, pasando de 5,5 millones a casi 15 millones desde los años 60, sobre todo debido al porcino intensivo.
“El abandono de los pueblos implica el crecimiento de las ciudades y agrava la crisis ecológica porque se abandonan modos de vida sostenibles adaptados al entorno, se pierde agrodiversidad y biodiversidad, y se potencian modos de vida de mayor huella ecológica”, explica el portavoz de la campaña #HablaRural, Julio Barea. “Por ello, los problemas del medio rural afectan a toda la ciudadanía, no son problemas exclusivos del medio rural”.
El desarrollo rural debe contribuir a una transición ecológica de la economía, incluyendo la dinamización del sector primario mediante prácticas agroecológicas y el aprovechamiento forestal sostenible. La dinamización rural ha de integrar la perspectiva ecológica para no volver a cometer errores y realizar proyectos o fomentar actividades que agraven la crisis ecológica.
La lucha contra el despoblamiento no solo es cuestión de justicia social, es también una cuestión ambiental. Por eso es fundamental impulsar y dotar presupuestariamente la Ley 45/2007 de Desarrollo Sostenible del medio rural y que la actual Estrategia Nacional para el Reto Demográfico incorpore de manera transversal la crisis ecológica.
