La Asociación Provincial de Autoescuelas de Cuenca (APAC) ha exigido la privatización del servicio de exámenes de conducir ante la parálisis que mantiene a más de 7.000 alumnos en lista de espera. La organización acusa a la Dirección General de Tráfico (DGT) de utilizar su reciente ‘Plan Pro’ para eludir responsabilidades y culpar a las empresas del sector por la lentitud en las pruebas. Según denuncia el presidente de APAC, Rafael Lozano, la DGT impone esta medida desde Madrid con tan poca antelación que las autoescuelas no tienen margen para preparar ni los vehículos ni al personal necesario.
El conflicto se agrava por el efecto embudo que sufre la provincia. Actualmente, uno de cada dos alumnos en la lista de espera conquense proviene de Cataluña. A esta cifra se suman numerosos aspirantes de Madrid y Valencia que acuden a la región para intentar sortear las demoras en sus lugares de origen. Ante esta presión, el sector reclama cubrir urgentemente una plaza vacante de examinador y asignar un profesional itinerante, aunque agradecen expresamente el enorme esfuerzo que ya realizan el Jefe Provincial de Tráfico y los examinadores locales.
Además de la falta de previsión, la asociación señala que el ‘Plan Pro’ discrimina a diferentes zonas de la provincia. Las pruebas extraordinarias en sábado se limitan a la capital, lo que impide asumir el volumen de alumnos en puntos desplazados clave como Tarancón y Mota del Cuervo. El sistema también excluye los exámenes para obtener los permisos profesionales de mercancías y de motocicleta, centrándose exclusivamente en el carnet B.
Un déficit crónico agravado por la inacción
La tensión actual entre el sector y la administración es el resultado de un deterioro continuo y previsible. La consulta del archivo de Liberal de Castilla durante el último año refleja cómo las autoescuelas conquenses llevan meses advirtiendo sobre la insostenibilidad de asumir la carga de trabajo de otras comunidades autónomas sin un refuerzo real de la plantilla. La llegada constante de alumnos foráneos ha ido inflando progresivamente unas listas de espera que la administración no ha logrado atajar mediante medidas estructurales.
En este contexto, la implantación del ‘Plan Pro’ ha funcionado como un detonante definitivo en lugar de un alivio. Al no dotar a la jefatura provincial de examinadores permanentes y exigir a las autoescuelas un ritmo de exámenes inasumible de un día para otro, la DGT ha trasladado la presión organizativa del atasco histórico a las propias empresas. Esta evolución explica por qué una herramienta teóricamente diseñada para agilizar la burocracia ha fracasado en Cuenca, desembocando en una petición frontal de privatización del servicio.
