A falta de confirmación oficial, y tras contrastar la información con diversas fuentes implicadas, todo apunta a que SOLARIA quiere impulsar un centro de datos en el término municipal de Cifuentes. La empresa estaría interesada en terrenos próximos al río Cifuentes y al casco urbano, entre ellos una parcela municipal que el Ayuntamiento ha sacado recientemente a licitación. En conjunto, se trataría de unas 20 hectáreas, superficie suficiente para albergar un campus de centros de datos de gran tamaño, con una potencia estimada de entre 50 y 100 MW.
Esta posibilidad se ve reforzada por otros movimientos en la comarca. SOLARIA anunció hace unos meses su apuesta por el negocio de los centros de datos y ha planteado la hibridación de su polígono fotovoltaico de Peralveche, a menos de 20 kilómetros de Cifuentes, con aerogeneradores de gran potencia. A ello se suma el polémico proyecto de una subestación eléctrica en Yélamos de Abajo, rechazado por numerosos vecinos y colectivos y que muchos consideran una infraestructura destinada a facilitar el suministro de futuras instalaciones industriales.
La estrategia resulta especialmente llamativa en Castilla-La Mancha, que ya lidera el ranking nacional de vertidos de energía renovable por la imposibilidad de evacuar toda la electricidad que produce. En este contexto, resulta difícil entender una nueva apuesta por incrementar la generación eléctrica sin la previsión de un gran consumidor capaz de absorberla de forma continua, como un centro de datos, una de las infraestructuras con mayor demanda energética.
En Aragón, donde se concentran algunos de los mayores proyectos de centros de datos de Europa, el Gobierno autonómico estima que su consumo eléctrico podría llegar a duplicar la demanda actual de toda la comunidad. Se trata de un modelo que está generando un creciente rechazo social por su elevado consumo de agua y energía, sus impactos territoriales y la escasa creación de empleo. Por ello, organismos vinculados a Naciones Unidas han reclamado aplicar el principio de precaución, mientras en los Países Bajos han aprobado restricciones y moratorias en determinadas zonas por la presión que estas instalaciones ejercen sobre recursos estratégicos.
Si finalmente se confirma el proyecto, Cifuentes pasaría a formar parte de una estrategia más amplia de grandes infraestructuras energéticas y tecnológicas en el medio rural de Guadalajara, favorecida por la disponibilidad de suelo barato, la baja densidad de población, la cercanía a Madrid y el desarrollo de nuevas infraestructuras eléctricas.
Diversas asociaciones y plataformas vecinales y medioambientales, entre ellas Alcarria es Patrimonio, ALIENTE (Alianza Energía y Territorio) en Guadalajara y Ecologistas en Acción Guadalajara, mantienen un seguimiento del proyecto y, junto a plataformas como No es sequía, es saqueo (Aragón) y Tu nube seca mi río, están organizando charlas informativas y distribuyendo material divulgativo entre la población.
Estos colectivos reclaman mayor transparencia y una participación efectiva de la ciudadanía en unas decisiones que, denuncian, condicionarán el futuro del territorio y se están adoptando de espaldas a quienes habitan estos municipios. Sostienen que la inmensa mayoría de los vecinos apuesta por un modelo de desarrollo sostenible basado en la conservación del patrimonio natural y cultural, la agricultura y la ganadería sostenibles, y el turismo, incompatible con una industrialización energética y tecnológica a gran escala que apenas genera empleo. A su juicio, convertir la Alcarria en un territorio de sacrificio al servicio de los grandes núcleos urbanos supondría la sentencia de muerte definitiva para unos pueblos que llevan décadas luchando por mantener población, identidad, empleo de calidad y calidad de vida.
Por la Asociación Alcarria es Patrimonio
