La Dirección General de Calidad Ambiental ha iniciado el periodo de información pública para el proyecto de ampliación de una explotación ganadera de cebo de porcino en el término municipal de Torralba (Cuenca). Según la resolución publicada este 16 de junio en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha, el expediente promovido por la empresa Juan Jiménez García, SAU, se somete a consulta ciudadana durante los próximos treinta días hábiles.
A lo largo de este mes, cualquier persona o entidad interesada podrá revisar la solicitud de autorización ambiental integrada y el estudio de impacto ambiental del proyecto. La Junta ha habilitado la documentación en su plataforma digital NEVIA, donde se pueden consultar los informes de evaluación y anexos técnicos. También existe la opción de examinar el expediente de forma presencial acudiendo al Ayuntamiento de Torralba o a las dependencias autonómicas de Calidad Ambiental en Toledo. Quienes decidan presentar alegaciones podrán formalizarlas a través de la sede electrónica de la Junta de Comunidades o mediante envío postal al órgano ambiental o al consistorio local.
El impacto en los recursos hídricos
Este trámite administrativo llega apenas unas semanas después de que el proyecto atrajera el foco mediático y vecinal en la comarca. El pasado mes de mayo, la plataforma Pueblos Vivos denunció que esta ampliación, gestionada por la empresa propietaria de la marca JISAP, supondría un consumo de agua tres veces superior a las necesidades de abastecimiento de todos los habitantes de Torralba.
El fin de la moratoria regional
El avance del expediente en Torralba refleja el nuevo escenario al que se enfrenta la provincia de Cuenca tras el fin de la moratoria de la Junta a las macrogranjas. Desde la pasada primavera se está produciendo una reactivación de instalaciones industriales que quedaron en pausa, como ocurrió en marzo con la prórroga administrativa concedida a otra granja de más de 14.000 lechones en la localidad cercana de Villar de Domingo García. Este goteo de nuevos plazos y autorizaciones confirma las advertencias de los movimientos sociales, que ya alertaron de que el fin del blindaje normativo impulsaría de nuevo el desarrollo de la ganadería intensiva en los municipios conquenses.
