La plataforma Stop Ganadería Industrial de Castilla-La Mancha ha acusado a la consejera de Desarrollo Sostenible, Mercedes Gómez, de “faltar a la verdad” en sus declaraciones del pasado 21 de abril sobre la tramitación de macroplantas de biogás y biometano en la región. El colectivo responde así al planteamiento del Gobierno regional, que defendía que los ayuntamientos tienen capacidad para decidir sobre la implantación de estas instalaciones en sus términos municipales.
Según la plataforma, esa autonomía local “no está garantizada en la práctica”. Argumentan que muchos municipios pequeños —habituales en provincias como Cuenca o Guadalajara— carecen de Plan de Ordenación Municipal (POM), lo que limita su capacidad de decisión al aplicar normas subsidiarias o la Ley del Suelo, sin restricciones específicas para este tipo de proyectos. Añaden que el 61% de los municipios de Castilla-La Mancha se encuentra en esta situación.
Además, subrayan que los informes urbanísticos municipales no son vinculantes si el proyecto es declarado prioritario por la Junta, en virtud de la Ley de Medidas Urgentes para la Declaración de Proyectos Prioritarios. Esto permitiría, según denuncian, autorizar instalaciones incluso con informes desfavorables a nivel local.
Críticas al control ambiental
Stop Ganadería Industrial también cuestiona el rigor del proceso de evaluación ambiental. Sostienen que los estudios los elaboran empresas contratadas por los propios promotores, lo que —afirman— puede derivar en una minimización de impactos. A ello suman la falta de recursos de la administración para revisar en profundidad los expedientes.
Como ejemplo, citan denuncias por vertidos de digestato en Balsa de Ves (Albacete) o el caso de contaminación por nitratos en Torrejoncillo del Rey (Cuenca), donde una sentencia del Tribunal Superior de Justicia obligó a anular la autorización ambiental de una macrogranja porcina.
También critican la “opacidad” de estas instalaciones respecto al origen de los residuos y el destino del digestato, así como la falta de obligatoriedad del código de buenas prácticas impulsado por el IDAE.
Riesgos técnicos y planificación
En el plano técnico, la plataforma rebate varias afirmaciones de la consejera. Asegura que sí existen fugas en plantas de biogás —citando auditorías europeas— y advierte de riesgos como derrames o una gestión inadecuada del digestato.
Asimismo, denuncian que el Plan regional de Biometanización no establece distancias mínimas entre plantas ni limita claramente el origen de los residuos, lo que está provocando una concentración de proyectos en determinadas zonas. Ponen como ejemplo la acumulación de solicitudes en municipios como Campos del Paraíso (Cuenca).
Postura de la plataforma
El colectivo insiste en que no se opone al biometano como tecnología, sino al modelo de “macroplantas” que, según indican, alcanzan tamaños medios de 165.000 toneladas y pueden generar impactos ambientales y sobre la salud.
Acusan al Ejecutivo autonómico de priorizar intereses empresariales y de no incorporar de forma efectiva las demandas ciudadanas en la planificación del sector.
Contexto en Cuenca y Guadalajara
En el último año, el debate sobre macrogranjas, nitratos y nuevas instalaciones energéticas ha ido ganando peso en municipios de Cuenca y Guadalajara, especialmente en zonas rurales con menor capacidad técnica y administrativa. La aparición de proyectos de biometano se suma a conflictos previos ligados a la gestión de residuos ganaderos y la protección de acuíferos.
Este nuevo choque entre la Junta y las plataformas vecinales refleja una evolución del conflicto: de las macrogranjas a las infraestructuras asociadas a su gestión, como el biogás. El foco ya no está solo en la ganadería intensiva, sino en todo el modelo industrial que la rodea, con especial impacto en el medio rural de Castilla-La Mancha.
