El Ayuntamiento de Sacedón ha alzado la voz tras la reciente aprobación de un nuevo trasvase de 120 hectómetros cúbicos desde la cabecera del Tajo hacia la cuenca del Segura, una derivación correspondiente a los meses de junio y julio. El alcalde del municipio guadalajareño, Francisco Pérez Torrecilla, ha tachado de «vergüenza» la decisión, denunciando que el envío se ampara en unas reglas de explotación desfasadas que castigan severamente el presente y el futuro de los embalses de Entrepeñas y Buendía.
El regidor subraya que el perjuicio va mucho más allá de la pérdida puntual de los recursos hídricos. Ante esta situación, el consistorio exige de manera directa la creación de un mecanismo de compensaciones tanto ecológicas como económicas para resarcir a los pueblos de la comarca por las pérdidas sufridas a lo largo de décadas. A juicio del gobierno local, la aplicación ininterrumpida de esta normativa ha estrangulado el desarrollo turístico, la hostelería, el tejido empresarial y la capacidad de fijar población en las riberas de Guadalajara y Cuenca. Desde el Ayuntamiento recuerdan que estos embalses no son meros contenedores al servicio de otros territorios, sino ecosistemas imprescindibles para la supervivencia social y natural de la zona.
El peso de la inacción administrativa
La indignación que hoy verbaliza el Ayuntamiento de Sacedón no es un episodio aislado, sino el punto de ebullición de un conflicto sostenido en el tiempo. Repasando el archivo del último año en Liberal de Castilla, queda constancia de la frustración crónica de los municipios ribereños ante la paralización del Ministerio para la Transición Ecológica. El plazo legal para modificar las reglas de explotación del acueducto caducó en febrero de 2024. Desde entonces, la comarca ha visto cómo, mes tras mes, se seguían aprobando derivaciones millonarias bajo el paraguas de una ley que todas las partes reconocen como obsoleta.
La declaración de Pérez Torrecilla supone un salto cualitativo en las reivindicaciones históricas del territorio. La postura local evoluciona: ya no basta con reclamar el cese de los envíos o pedir celeridad en los trámites de la nueva normativa. Al constatar que las autoridades han prolongado esta situación sabiendo el perjuicio que ocasiona al Tajo, Sacedón exige ahora reparar el daño. El planteamiento marca un precedente claro para la defensa de Guadalajara y Cuenca, estableciendo que si la inacción burocrática vacía los embalses y frena las oportunidades económicas de las familias de la cabecera, el territorio afectado debe recibir una indemnización que repare las décadas de desequilibrio hidrológico.
