La diputada regional del Partido Popular por la provincia de Cuenca, María Roldán ha puesto de manifiesto el profundo malestar existente ante la confirmada eliminación sistemática de procedimientos, estrictamente técnicos, que está llevando a cabo el Gobierno de García-Page y que tiene como principales perjudicados a los sectores más vulnerables de nuestra sociedad.
Como claro ejemplo de esta alarmante situación, Roldán ha aludido a la supresión, en la tramitación de las Ayudas Económicas de Emergencia Social y en el Ingreso Mínimo de Solidaridad, de las Comisiones de Valoración Técnica que han existido hasta ahora en esta y otras provincias, compuestas exclusivamente por funcionarios de la Junta y profesionales de los Servicios Sociales de Atención Primaria. Estos trabajadores eran los que valoraban, como órgano colegiado, las solicitudes presentadas a raíz de los Informes Sociales emitidos y cuantificaban las ayudas económicas a conceder, en base a criterios de necesidad, objetividad y ecuanimidad.
“Es evidente que a este Gobierno socialista le sobran procedimientos e instrumentos puramente técnicos puesto que lo que quiere seguir extendiendo es un modelo meramente asistencial y eminentemente graciable -lo más terrible-, y no sujeto a los controles de los profesionales competentes sino a su modo y semejanza, atendiendo a intereses partidistas y políticos”, manifestaba Roldán.
La parlamentaria del PP ha subrayado que las Ayudas de Emergencia Social constituyen prestaciones económicas no periódicas destinadas a atender situaciones de urgente y grave necesidad, excepcionales y previsiblemente irrepetibles, que no pueden ser atendidas a través de ningún otro recurso, con el fin de prevenir, evitar o paliar situaciones de exclusión social y favorecer la integración de las personas.
Por otro lado, el Ingreso Mínimo de Solidaridad, conocido popularmente como I.M.S. constituye una ayuda periódica, de carácter económico, de duración temporal y de naturaleza subvencional a fondo perdido, destinada a unidades familiares que carezcan de medios económicos suficientes para atender las necesidades básicas de la vida, con el fin de posibilitar la situación de marginación en la que se encuentran.
“Somos conscientes de la indignación y el malestar de los profesionales de Servicios Sociales de Atención Primaria puesto que, donde antes era un órgano colegiado el que, en base a la situación familiar y la necesidad descrita por el Trabajador Social en el preceptivo Informe Social quien ostentaba la responsabilidad de la aprobación o no la Ayuda Económica o el I.M.S., a partir de este 2017, todo el peso se le hace recaer, de forma exclusiva, en el Informe emitido por este profesional”, lamentaba Roldán, al informar también que este nuevo procedimiento pone a los profesionales en una situación de evidente fragilidad, al no existir un criterio homogéneo imprescindible en la tramitación de esta clase de ayudas y que “nos tememos que creará importantes desequilibrios en los territorios”.
Por último, la diputada regional ha calificado este procedimiento como “un nuevo paso atrás del Gobierno de Page, que como siempre está preocupado exclusivamente en la venta engañosa de unos logros que, a falta de existir, se tienen que inventar”. Como ejemplo de esta improvisación, Roldán ha puesto como paradigma de la desfachatez el anuncio reciente de la Consejería de Bienestar Social por el que se ampliaba un Educador Social al Punto de Encuentro Familiar de Cuenca.
Como bien ha denunciado el Partido Popular en reiteradas ocasiones, la verdadera realidad es que los recursos de familia han tenido que sobrevivir prácticamente todo el 2016 gracias al sacrificio sine die de las entidades, debido a los continuos impagos y al olvido del Gobierno de Page, “más preocupado en generar titulares que en garantizar la prestación de servicios de calidad para los ciudadanos”.
