La Asociación de Municipios Ribereños de los Embalses de Entrepeñas y Buendía ha exigido la rectificación pública o la dimisión inmediata del delegado del Gobierno en Castilla-La Mancha, José Pablo Sabrido, tras sus recientes declaraciones en las que justificaba la continuidad del trasvase Tajo-Segura para no estrangular la economía de las comunidades receptoras. Para el presidente de la asociación, Borja Castro, esta postura supone condicionar el cumplimiento de la ley y las sentencias del Tribunal Supremo a que la cuenca receptora decida estar preparada. Castro critica que el Levante lleva años teniendo alternativas como la desalación y acusa a la región murciana y alicantina de abusar del Tajo creciendo sobre una dependencia «como si el agua fuese ilimitada».
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El conflicto en la cabecera del Tajo vuelve a estallar después de un histórico mes de agosto en el que la Comisión Central de Explotación ha aprobado un desembalse de 60 hectómetros cúbicos desde Entrepeñas y Buendía. La postura del delegado del Gobierno, que defendía reducir el trasvase de manera progresiva asegurando que «mientras Valencia, Murcia y parte de Andalucía no tengan recursos, no vamos a estrangular la economía», ya había levantado ampollas en la provincia de Guadalajara. Como recogía la prensa local recientemente, el propio alcalde socialista de Sacedón, Francisco Pérez Torrecilla, fue el primero en pedir el cese de Sabrido argumentando que, con esa postura, parecía que «a nosotros sí se nos puede estrangular». Esta línea crítica entronca con la reivindicación histórica de los 22 municipios ribereños, que como publicaba Liberal de Castilla, exigen establecer una lámina mínima intocable de 1.000 hm³ de agua embalsada para poder reactivar su propia economía y sector turístico local, paralizado desde hace décadas por las extracciones agrarias del Levante.elespanol+2
Cierre
Las declaraciones de Sabrido han abierto una brecha institucional en la que los alcaldes de la cabecera del Tajo ven un desconocimiento total de la realidad socioeconómica de su territorio. «Habla de no estrangular la economía del Levante como si aquí no hubiera economía, empresas, turismo, empleo y pueblos», subraya Borja Castro, quien ha invitado directamente al delegado a visitar la zona para comprobar el impacto sobre el terreno. Los Ribereños advierten que no seguirán tolerando el aplazamiento de las normativas medioambientales —que ya escalonaron la implantación de los caudales ecológicos durante tres años— argumentando que no se puede «premiar eternamente a quien no se adapta».
