El Aula Corresponsables de Guadalajara capital ha reabierto sus puertas tras permanecer inactiva durante los meses de marzo y abril. La delegada provincial de Igualdad, Laura Gil, ha celebrado la reactivación del servicio, aunque ha reprochado al Ayuntamiento la interrupción de un recurso que ya contaba con su financiación garantizada. Según el Gobierno regional, esta paralización temporal representa un hecho inédito desde la creación de este programa de conciliación. La Junta aporta el 75 por ciento del coste, lo que supone más de 233.000 euros para la capital, mientras que el consistorio asume el 25 por ciento restante.
Además del desencuentro por la gestión del cierre, la administración autonómica ha desmentido las cifras de usuarios que ofreció recientemente el concejal responsable del área en el Ayuntamiento. Mientras el consistorio afirmó que en 2022 solo se prestó servicio a 365 menores, los registros oficiales elevan el dato a 1.731 en el curso 2022/2023. La participación en la capital creció hasta los 3.757 y 3.745 menores en las dos ediciones posteriores. Gil ha pedido rigor institucional al interpretar estos datos y ha recordado que el programa prioriza la atención gratuita a familias vulnerables y mujeres víctimas de violencia de género.
Expansión provincial del plan
A lo largo de los últimos meses, la gestión administrativa de los fondos sociales cofinanciados ha generado distintos debates en la política municipal, según documenta el archivo histórico de Liberal de Castilla. Frente a las recientes fricciones presupuestarias y paros de servicio en la capital, el Plan Corresponsables ha mantenido una trayectoria de expansión ininterrumpida en el ámbito rural. Actualmente, este recurso de conciliación familiar opera con normalidad en 143 localidades guadalajareñas, sumando 22 municipios más de los que participaban en el año 2022.
Esta consolidación territorial cuenta con una inversión autonómica superior a los 2,4 millones de euros en el conjunto de la provincia. El modelo institucional diseñado establece que, en los municipios con menos de 10.000 habitantes, la Diputación Provincial es la encargada de asumir el porcentaje de cofinanciación local. Este mecanismo económico busca garantizar que ningún pueblo pequeño se quede sin alternativas de conciliación por falta de liquidez en sus arcas municipales.
