Ha dado comienzo este jueves, en la Casa de la Demandadera, el Curso de Verano sobre la «Ley de Jurisdicción voluntaria y consumo’ con la participación de más de medio centenar de personas, entre alumnos, abogados y procuradores, notarios, magistrados, jueces, fiscales y letrados de la Administración de Justicia, a cuya inauguración ha asistido el ministro de Justicia en funciones, Rafael Catalá; el presidente de la Diputación, Benjamín Prieto; el rector de la Universidad de Castilla-La Mancha, Miguel Ángel Collado; la decana del Ilustre Colegio Notarial de Castilla-La Mancha, Palmira Delgado; y el director del Centro de Estudios de Consumo, Ángel Carrasco.
Prieto ha llamado la atención sobre las ventajas para empresas y ciudadanos de la entrada en vigor de la Ley de Jurisdicción Voluntaria, que se aborda en este curso, puesto que va a permitir reducir tiempos en la Justicia; algo, en su opinión, muy valorado por la sociedad.
Ha remarcado, igualmente, la estrecha colaboración entre la Diputación y la Universidad Regional, que, por ejemplo, se ha traducido en este curso de verano, que se desarrolla en un edificio de la institución provincial, a la vez que ha enfatizado en la relevancia de los distintos cursos de verano que se van a desarrollar este año por la provincia y en los que el patrimonio juega un papel fundamental.
No ha querido dejar pasar la oportunidad de desear a los participantes que les sea muy fructífero este curso, además de instarles a conocer no solo la capital Patrimonio de la Humanidad, sino también la provincia, que, según ha dicho, no les defraudará.
El ministro de Justicia, por su parte, ha coincidido con Prieto a la hora de resaltar la importancia de la Ley 25/2015, ya que contribuye a un mejor funcionamiento y una mayor eficacia de la Justicia al dar solución a conflictos concretos de los ciudadanos sin necesidad de judicializarlos. Una ley que, tal y como ha recordado, es una de las algo más de 32 en las que ha participado el Ministerio de Justicia durante la pasada legislatura, que ha calificado de “fructífera en reformas legislativas”.
Durante dos días, el algo más de medio centenar de participantes conocerá de manera práctica la nueva Ley de Jurisdicción Voluntaria, lo que les permitirá manejar los diversos expedientes y aplicar la ley en su actividad profesional.
Y es que la nueva ley tiene indudables beneficios para las empresas pero también para las personas físicas no dedicadas a actividades empresariales. Por ello, el curso servirá para analizar y comprobar cómo también la nueva normativa permite que el consumidor goce de determinadas ventajas en aras a la protección de sus derechos, desde la libre elección, confianza y asesoramiento del notario hasta los beneficios económicos que supondrá la disminución de intereses moratorios en las ágiles subastas notariales, sin olvidar la falta de aplicación de las tasas judiciales a estos procedimientos que van a constituir un cauce para la obtención de mayores garantías jurídicas e instrumentos legales para la defensa de sus derechos y legítimos intereses jurídicos en un breve espacio de tiempo.
