La senadora del Partido Popular por Guadalajara María Patricio ha reclamado al Gobierno de España que extienda a la central nuclear de Trillo la prórroga concedida a Almaraz, cuya vida útil se prolongará hasta 2030. A su juicio, esa rectificación “no debe limitarse a una sola instalación”, sino suponer “la revisión del calendario de cierre de todas las centrales nucleares españolas”.
“El Gobierno acaba reconociendo con sus propios actos aquello que desde el Partido Popular llevamos años defendiendo: España no puede permitirse cerrar centrales nucleares que pueden continuar funcionando con seguridad y con todas las garantías técnicas”, ha afirmado. Para la senadora, la decisión sobre Almaraz supone “una enmienda del Gobierno a su propia política energética” y evidencia que el calendario de cierre “responde más a condicionantes ideológicos que a las necesidades energéticas, económicas y estratégicas” del país.
Patricio considera positiva la continuidad de Almaraz, pero advierte de que será “insuficiente si el Ejecutivo mantiene intacto el resto de su calendario nuclear”. “Nos alegramos de que Almaraz continúe abierta, pero esto no puede ser un parche para intentar salvar una política energética equivocada”, ha señalado.
La senadora ha recordado que el PP ha defendido mediante distintas iniciativas parlamentarias la prolongación de la vida útil de las centrales y un modelo en el que nuclear y renovables sean complementarias: “Nosotros no planteamos una batalla entre tecnologías, queremos renovables y queremos nuclear”.
Trillo, un motor económico para Guadalajara
María Patricio ha incidido especialmente en lo que este debate significa para la provincia y ha pedido al Gobierno que tenga en cuenta el impacto económico, laboral y social de la instalación sobre Guadalajara y, en particular, sobre los municipios de su entorno.
“Quienes somos de Guadalajara sabemos perfectamente qué significa Trillo: no estamos hablando solamente de una central eléctrica, estamos hablando de miles de trabajadores, de empresas, de proveedores, de actividad económica y de familias que han construido su futuro alrededor de una instalación fundamental para nuestra provincia”, ha destacado.
Para la senadora, la planta “es uno de los grandes motores económicos e industriales de Guadalajara” y desempeña “un papel fundamental en una zona rural que necesita empleo, inversión y oportunidades”. Por eso advierte de que cerrarla “mediante una fecha decidida políticamente, independientemente de su situación técnica, tendría consecuencias que van mucho más allá de la producción eléctrica”.
“Es muy sencillo dibujar un calendario de cierres desde un despacho en Madrid. Lo difícil es mirar a los trabajadores, a los empresarios y a los vecinos de los municipios de la zona y explicarles por qué se quiere prescindir de una instalación que genera riqueza y empleo si técnicamente puede continuar funcionando con seguridad”, ha añadido.
“Defender Trillo es defender Guadalajara”
Patricio defiende que el futuro de las centrales debe determinarse atendiendo a criterios técnicos, económicos y de seguridad, con el Consejo de Seguridad Nuclear como organismo de referencia. “Si una central cumple las condiciones de seguridad y el Consejo de Seguridad Nuclear avala su funcionamiento, la pregunta que debe responder el Gobierno es por qué España debería renunciar voluntariamente a esa capacidad de generación”, ha planteado.
“La energía nuclear no es incompatible con las renovables. Es una energía que aporta estabilidad al sistema y que permite reducir nuestra dependencia energética de terceros países”, ha sostenido, antes de asegurar que el PP de Guadalajara seguirá defendiendo en las Cortes Generales la continuidad de la planta siempre que cuente con las condiciones técnicas y de seguridad necesarias.
Un debate sobre Trillo que ya seguíamos
La reivindicación no es nueva en la provincia. Los populares ya sacaron adelante una moción para prorrogar la vida útil de la central en conformidad con la normativa europea, y meses después el propio regulador informó favorablemente la renovación de su autorización de explotación por diez años más. La decisión sobre Almaraz reabre ahora ese debate en Guadalajara.
