El PP en Diputación de Guadalajara presenta dos propuestas para conseguir “el apoyo total y respaldo” de la Policía Nacional  y Guardia CivilEl Grupo Popular en la Diputación de Guadalajara ha presentado dos propuestas relacionadas con las Fuerzas y Cuerpos de Seguidad del Estado y la Unidad de España y con el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer –el próximo 25 de noviembre- con motivo de la sesión plenaria que tendrá lugar este viernes día 17 de noviembre.

En primer lugar, el Grupo Popular buscará el consenso de todos los diputados y grupos políticos para que la Diputación de Guadalajara muestre “el apoyo total y respaldo a la Policía Nacional y a la Guardia Civil en su labor de defensa y protección de los derechos y libertades de todos los ciudadanos y, especialmente, y desde la legalidad constitucional, de la Soberanía Nacional, el Estado de Derecho, la Democracia y la convivencia entre los españoles”. Del mismo modo, el Grupo Popular condena en su moción “el acoso sistemático al que sus miembros están siendo sometidos mediante actos violentos,  independientemente de  la ideología en que se amparen, así como cualquier tipo de acción o declaración que justifique, ampare o minusvalore dichos actos, rechazando  en consecuencia toda conducta antidemocrática que atente contra la convivencia en paz y libertad y que trate de socavar los fundamentos de nuestra democracia”.

Esto es en relación a los acontecimientos que han vivido, durante los últimos meses en Cataluña, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad  del Estado que han sido objeto de un acoso constante  con  la finalidad de impedir a sus agentes el legítimo ejercicio de sus funciones.

Por otro lado, se instará al Pleno a dejar patente la necesidad de que por parte de todas las Instituciones y representantes públicos se utilice con determinación y firmeza, así como desde la proporcionalidad y oportunidad, todos los mecanismos que, en defensa de la soberanía del pueblo español y del interés general de España,  atribuyen  la Constitución y las Leyes; actuando, con las herramientas del Estado de Derecho, en contra de las iniciativas que pretendan, desde la ilegalidad y contraviniendo la voluntad democrática del conjunto del pueblo español, conculcar nuestro marco constitucional y la indisoluble unidad de la Nación Española, y defendiendo el actual modelo de estado autonómico recogido en el texto constitucional, ya que un modelo basado en la plurinacionalidad resultaría contrario a la igualdad entre territorios y entre españoles.

Al hilo de esto, se propone instar al Gobierno de España a incorporar en las próximas leyes de Presupuestos Generales del Estado, a partir del próximo año 2018, las partidas necesarias para resolver progresivamente los desequilibrios retributivos que puedan existir entre los diversos miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, para acercarlos a los de otros cuerpos policiales.

Tal  y como queda recogido en la exposición de la propuesta, el Grupo Popular en la Diputación considera que “es deber y obligación de todos los partidos democráticos rechazar y condenar rotunda y sistemáticamente cualquier comportamiento de naturaleza violenta – independientemente de la ideología en que se amparen-, así  como  cualquier acción justificativa de los mismos, y mostrar el apoyo a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en su labor de defensa y protección de los derechos y libertades de todos los ciudadanos”.

 

Propuesta Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer

Por otro lado, el Grupo Popular ha presentado otra propuesta que espera alcanzar el acuerdo de todos los diputados y grupos políticos, en este caso en forma de declaración institucional. Entre otras propuetas se manifiesta la “satisfacción” por el Pacto de Estado alcanzado entre todas las formaciones políticas para atajar la lacra de la violencia de género, pacto conseguido después de 6 meses de trabajo y 66 comparecencias de expertos, que contempla medidas para prevenir la violencia machista desde el colegio, ampliar la protección y cambiar los criterios de acreditación de las víctimas para incluir a aquellas que aún no han interpuesto denuncia y garantizar su seguridad y la de sus hijos. Otorga también, entre otras, una prestación durante seis meses para que las mujeres y menores afectados puedan comenzar una nueva vida. Así, se insta a todas las fuerzas políticas a poner en marcha y ejecutar las medidas previstas en el Pacto de Estado contra la Violencia de Género, acordado por unanimidad el 24 de julio en sendos documentos del Congreso de los Diputados y del Senado, y aprobado definitivamente el 28 de septiembre.

En este sentido, también se quiere mostrar, un año más, el más firme y permanente compromiso en la lucha contra todo tipo de violencia que se ejerce contra las mujeres y los menores, reconociendo la importancia y la necesidad de trabajar en la erradicación de las actitudes y los comportamientos cotidianos que, instalados en la vida diaria, reproducen y perpetúan la desigualdad, origen de la violencia de género.

Asimismo, se manifiesta la intención de seguir trabajando a través de la Mesa de Igualdad, convocándola ordinariamente con una periodicidad trimestral, o cuando sea solicitado por al menos dos de los grupos con representación en la Institución provincial, o por un número de miembros de la Corporación no inferior al tercio del total, y dando voz en la misma a todas las asociaciones y agentes públicos de nuestra provincia que tengan como objetivo la lucha contra la violencia de género.

Son cientos de miles las mujeres, que aún hoy, sufren violencia sólo por el hecho de que hay hombres que se consideran superiores e intentan demostrar su supremacía utilizando la violencia física, psicológica, sexual y de control. Más de 900 mujeres han muerto en España desde 2003 como consecuencia de esta terrible lacra.

La violencia de género constituye una de las más graves vulneraciones de derechos y libertades, es contraria a los principios de igualdad, seguridad, libertad, integridad y dignidad que son inherentes a todos los seres humanos. Tiene consecuencias demoledoras y su eliminación ha de ser tarea que compete a toda la sociedad y exige que todos los poderes públicos, organizaciones y partidos políticos, sociedad e individuos, trabajemos unidos para conseguir tu total erradicación.