El Ayuntamiento de Pioz celebrará este jueves 17 de septiembre, a partir de las 19:00 horas, una sesión plenaria extraordinaria que la Plataforma Vecinal califica de trascendental para definir el futuro urbanístico y socioeconómico de la localidad. El orden del día abordará la modificación del planeamiento municipal ante la tramitación de diversos proyectos de energía fotovoltaica que, de materializarse en su conjunto, ocuparían unas 420 hectáreas de superficie, equivalentes a cuatro millones de metros cuadrados y a cerca del 22% de todo el término municipal alcarreño.
El colectivo ciudadano ha instado a la corporación local a trascender el mero debate técnico sobre las distancias mínimas entre instalaciones para evaluar el impacto acumulativo sobre el paisaje, la habitabilidad y el valor de las viviendas. Según señalan los representantes vecinales, la cercanía física de estos parques de placas a núcleos residenciales y urbanizaciones consolidadas exige una reflexión estratégica a largo plazo que determine la compatibilidad de estas infraestructuras con el crecimiento demográfico y la economía de proximidad.
La controversia arrastra un dilatado recorrido administrativo que comenzó en 2019. Desde entonces, el municipio ha alternado sucesivas posturas legales: aprobó una primera moratoria municipal en 2021, acordó su levantamiento en 2023 y decretó una nueva suspensión cautelar por unanimidad en el pleno del 27 de octubre de 2025. Con la llegada de la nueva propuesta de ordenación urbanística a la votación de este 17 de septiembre, la plataforma recalca que los grupos políticos deberán fijar una postura definitiva sobre el modelo de desarrollo para las próximas tres décadas.
Hemeroteca
La movilización ciudadana en Pioz se inscribe en la corriente de contestación social que recorre la comarca de la Alcarria baja y la Campiña frente a la proliferación de macroparques solares, según documenta el archivo de Liberal de Castilla. Durante el pasado año, la creación de plataformas vecinales en Pioz y municipios limítrofes canalizó alegaciones masivas contra instalaciones proyectadas en torno a Pozo de Guadalajara, Peñalver o Fuentelencina, donde colectivos rurales denunciaron la pérdida de suelo agrario fértil y presiones sobre los arrendatarios tradicionales.
Este fenómeno comarcal impulsó la confluencia de más de cincuenta asociaciones vecinales y ambientalistas de Guadalajara y el este de Madrid bajo la coordinadora ALIENTE, exigiendo una moratoria autonómica conjunta ante el Ministerio para la Transición Ecológica. En sus sucesivos manifiestos, los afectados alertaban de que la concentración de más de 10.000 hectáreas en expedientes solares fragmentados impedía calibrar los efectos sinérgicos sobre la fauna, la recarga de acuíferos y el bienestar de las urbanizaciones dispersas que caracterizan el eje residencial alcarreño.
Cierre
La votación del 17 de septiembre en el consistorio de Pioz situará al municipio ante la disyuntiva que afrontan numerosas localidades del Corredor del Henares y su corona secundaria: arbitrar entre los ingresos fiscales derivados de las licencias energéticas o preservar el atractivo residencial que atrajo a miles de familias en las dos últimas décadas. Dado que el término municipal cuenta con una densa red de urbanizaciones que conviven con el casco histórico, la regulación que apruebe el pleno servirá de precedente para otros ayuntamientos alcarreños que buscan blindar sus periferias mediante normas subsidiarias frente al aluvión de solicitudes energéticas.
