Después de su viaje a China el jefe del Ejecutivo Autonómico, Emiliano García Page, anunció que trabajaban en una nueva legislación dirigida a “podar la burocracia” para que la instalación de empresas sea todavía más ágil. Es decir, un proyecto que subordine la burocracia a la economía y en consecuencia afloje la red de seguridad que proporciona el gobierno.
Pues bien, esta es la pretensión del reciente proyecto de ley para la simplificación y agilización de los procedimientos competencia de la Administración regional. El proyecto señala en su exposición de motivos que “la voluntad de regular medidas y actuaciones de simplificación, agilización y digitalización de las administraciones públicas trae causa de la aprobación de la Directiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006”.
La Directiva mencionada ha sido una de las más controvertidas y polémicas en la historia del Parlamento Europeo. La conocida como Directiva Bolkestein surgió para promover el crecimiento económico y se fundamentaba en una discutible interpretación de los datos y una predicción. La hipótesis era que si la mayor parte de los nuevos empleos creados en la Unión Europea durante 1997-2002 había sido en el sector servicios, su liberalización podría dar lugar a un aumento neto de 600.000 puestos de trabajo.
El proyecto de la Directiva era privatizar los servicios públicos, incluso los servicios relacionados con la salud y la atención sanitaria. En aras de la denominada “modernización” proponía la Directiva la privatización, la simplificación administrativa, limitar la autorización previa obligatoria, introducir el principio de autorización tácita, procedimientos por vía electrónica y ventanillas únicas con el fin de facilitar el acceso al mercado interior. Las ventanillas podían estar constituidas por autoridades de la administración pública, pero también cámaras de comercio o de oficios, colegios profesionales u organismos privados a los que encomienden esta función.
Lo más polémico fue el principio del país de origen. Este principio proclamado por la Directiva Bolkenstein permitía a un fontanero o a un arquitecto polaco, llevar a cabo sus servicios en Francia con el salario y los menores costes laborales de Polonia. Por lo tanto, la Directiva incitaba a la competencia a la baja en los derechos sociales existentes, y comportaba una amenaza para un trabajo decente.
La propuesta en orden a crear el mercado interior de servicios en Europa provocó interminables debates y movilizaciones. Su rechazo protagonizó la campaña del Referéndum de la Constitución en países europeos y fue una de las causas de la victoria del no, en el referéndum de la Constitución Europea de mayo de 2005 en Francia.
Los críticos de la Directiva del mercado de servicios alegaron que amenazaba al modelo económico y social europeo porque erosionaba los derechos humanos y la protección social; atentaba al derecho laboral; promovía la desregulación competitiva y la competencia a la baja; estimulaba la privatización de servicios públicos y, en fin, acabaría perjudicando la prestación de servicios esenciales de los ciudadanos. La cuestión que nos debemos plantear es ¿hasta qué punto la Directiva reformada que inspira el proyecto de ley de simplificación constituye una amenaza para los servicios públicos?
Opinión de Fernando Casas Mínguez
