El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha lanzado este 24 de junio un mensaje contundente sobre los casos de corrupción política que afectan al panorama nacional. En sus declaraciones a los medios, el dirigente socialista ha evitado responsabilizar directamente al presidente del Gobierno, afirmando que no puede presuponer que conociera dichas irregularidades y que «la gente es buena por naturaleza». Para García-Page, la corrupción parte de «una minoría muy minoritaria que afea al conjunto» y está convencido de que es algo que «repugna a todos», incluido el líder del Ejecutivo central. No obstante, ha sido tajante al separar la responsabilidad penal de la política: «Una cosa es culpable y otra cosa es responsable. Culpable de la corrupción son los corruptos solo, responsables de buscar soluciones somos los demás», ha sentenciado, recordando que la ciudadanía exige respuestas claras a las instituciones.

Búsqueda histórica
El seguimiento de esta crisis en el archivo de Liberal de Castilla refleja un constante clima de tensión entre las filas del PSOE castellanomanchego y la oposición en la región a cuenta de la inestabilidad nacional. Durante el último año, el Gobierno autonómico se ha visto obligado a esquivar las críticas del Partido Popular, que ha llegado a exigir explicaciones urgentes por posibles ramificaciones del ‘Caso Ábalos’ en adjudicaciones dentro de la comunidad. En los últimos meses, diversos líderes regionales han acusado al presidente autonómico de mantener una postura «poco clara» y de utilizar un discurso distante en los medios que luego no se traduce en acciones contundentes frente a la dirección de su partido.
Cierre
Con estas últimas palabras, García-Page consolida la línea argumental que lleva trazando a lo largo del año. Si hace unos meses alertaba del peligro de que la debilidad política alimentara mayores cesiones, ahora el presidente opta por blindar el marco institucional. Al establecer la obligación de «buscar soluciones» como tarea colectiva, el Ejecutivo de Castilla-La Mancha trata de proteger la estabilidad y la gobernabilidad regional frente a la ofensiva de la oposición. La estrategia busca transmitir a la sociedad castellanomanchega que, mientras los tribunales dirimen las culpas individuales, las administraciones de la región deben centrarse en garantizar las respuestas que exige la ciudadanía.

