La Comisión de Explotación del Trasvase Tajo-Segura ha aprobado un nuevo envío automático de 120 hectómetros cúbicos hacia el Levante para los próximos dos meses. Ante esta decisión, la Asociación de Municipios Ribereños de los Embalses de Entrepeñas y Buendía ha exigido la aprobación urgente de las nuevas reglas de explotación, una modificación comprometida por el Gobierno hace dos años para adaptarse a los caudales ecológicos del río.
Borja Castro, presidente de la asociación, ha denunciado que mantener la normativa actual permite derivar más agua de la debida desde Cuenca y Guadalajara. Desde los municipios advierten de que este verano será especialmente crítico. El sistema de cabecera podría oscilar en los próximos meses entre el nivel dos y el nivel uno. Esto supondría autorizar trasvases de 27 o de hasta 60 hectómetros cúbicos mensuales, dependiendo de si las salidas de agua se ajustan al cumplimiento de los caudales ecológicos en Aranjuez, Toledo y Talavera o se reducen al mínimo.
A la exigencia normativa se suma la petición de una auditoría transparente y verificable. Miguel Ángel Sánchez, técnico de la Asociación, ha reclamado que se aclaren las discrepancias sobre el agua del Tajo que ya está almacenada en la cuenca receptora. Los datos publicados actualmente son contradictorios: mientras la Confederación Hidrográfica del Segura contabiliza 277 hectómetros cúbicos, el informe del CEDEX recoge únicamente 130.
La batalla histórica por los caudales del Tajo
Este nuevo envío automático conecta directamente con las reiteradas denuncias que desde el archivo de Liberal de Castilla se han venido documentando durante el último año. Los pueblos de la cabecera llevan meses advirtiendo del peligro que supone vaciar los embalses en las puertas del verano operando bajo unas reglas de explotación previas a la actual planificación hidrológica y ambiental.
La evolución de este conflicto evidencia que el problema no reside únicamente en los envíos puntuales, sino en el retraso del Ministerio para la Transición Ecológica a la hora de aplicar las resoluciones judiciales que avalan la protección del río. La demora consolida un escenario donde los embalses de Guadalajara y Cuenca siguen perdiendo agua bajo parámetros obsoletos. Para los Ribereños, agilizar el cambio de estas reglas es la única vía para dotar de seguridad jurídica al sistema y proteger el futuro de los municipios de la cuenca cedente frente a las demandas de regadío del Levante.
