El Comité de Empresa y la Junta de Personal del Ayuntamiento de Azuqueca de Henares han denunciado este 2 de julio el «abandono absoluto» de los servicios públicos y el desprecio de la corporación hacia la plantilla municipal. Ante el deterioro de la situación, los empleados acordaron en asamblea el pasado 30 de junio iniciar un calendario de movilizaciones para reclamar respuestas urgentes al equipo de gobierno.
Los representantes de los trabajadores señalan que el Consistorio suspendió de manera unilateral hace tres meses el pago de complementos salariales consolidados. Además, alertan sobre una carencia alarmante de personal que sobrecarga a la plantilla y afecta a servicios esenciales como la Policía Local, Mantenimiento Urbano, Servicios Sociales y el Centro Integral. Las condiciones de las instalaciones municipales también han sido objeto de denuncia ante la Inspección de Trabajo, especialmente tras el reciente accidente de una empleada que resultó herida al desprenderse los azulejos de un aseo por falta de mantenimiento.
Escalada de tensiones laborales
El anuncio de estas protestas supone el punto álgido de una serie de conflictos laborales e institucionales que arrastra el municipio. La hemeroteca de Liberal de Castilla muestra cómo la inestabilidad económica de la plantilla ya saltó a la luz pública el pasado mes de abril, cuando se exigieron explicaciones al equipo de gobierno por el retraso continuado en el abono íntegro de las nóminas de la Policía Local. Apenas unas semanas después, en mayo de 2026, el clima de incertidumbre se agravó ante las advertencias de la oposición sobre el riesgo de impago para el resto de los trabajadores municipales debido a problemas de gestión y vacío presupuestario.
Por otro lado, la sobrecarga y falta de consolidación en áreas específicas mencionadas por los sindicatos, como el Centro Integral, cuenta con antecedentes judiciales. En octubre de 2024, un juzgado obligó al Ayuntamiento de Azuqueca a estabilizar a las trabajadoras del Centro Integral de Atención a Víctimas de Violencia de Género, dictaminando que llevaban 21 años ocupando puestos estructurales de forma ininterrumpida sin ser reconocidas formalmente en la plantilla. Este historial constata que las carencias denunciadas ahora por los representantes sindicales responden a una problemática estructural y prolongada en el tiempo, a la que el ejecutivo local sigue sin dar una solución mediante el diálogo social.
