En una sentencia, a la que ha tenido acceso Europa Press, el Juez Central de lo Penal José María Vázquez Honrubia impone a cada uno el pago de una multa de 29.970 euros y les obliga a satisfacer la mitad y a partes iguales las costas causadas, incluidas a las de la acusación particular y popular, ejercidas por la asociación Adicae y la propia caja de ahorros.

El magistrado absuelve a ambos directivos del delito societario de administración fraudulenta que les atribuían ambas acusaciones, aunque sí reconoce que alteraron la cuenta de resultados de la entidad para que reflejara beneficios inexistentes en 2008. En concreto, el juez señala que ambos “utilizaron un ardid contable” para tapar “unas pérdidas que se podrían denominar galopantes” relativas a valores cotizados.

Perjuicio económico millonario

Caja Castilla-La Mancha fue la primera caja de ahorros española en ser intervenida y nacionalizada, en marzo de 2009, después de que se aprobara un rescate que alcanzó los 9.000 millones de euros. El Banco de España cuantificó en 253,8 millones de euros las operaciones y los perjuicios económicos que los gestores causaron en la entidad.

Según Anticorrupción, el 10 de febrero de 2009, con la “aquiescencia” de Hernández Moltó, Ortega envió al Banco de España unos estados financieros y consolidados públicos de la entidad que ignoraron los requerimientos que el supervisor había venido haciendo desde 2004 y no reflejaban su “situación financiera real”.