La moratoria a las macrogranjas porcinas, cuya vigencia ha sido 2022-2024, acaba este 31 de diciembre de 2024, por lo que la Junta reactivará las autorizaciones a nuevas macrogranjas y ampliaciones de las existentes (entre ellas los proyectos cuya tramitación quedó en pausa). Los vecinos de las zonas afectadas, temiendo la avalancha de proyectos de ganadería industrial, han convocado una concentración el jueves 2 de enero a las 12.00 a las puertas del Palacio de Fuensalida, sede de la presidencia del gobierno regional, para mostrar así su oposición a estos proyectos.
El fin de la moratoria y la aprobación de un nuevo paquete legislativo ha impulsado a estos vecinos a concentrarse para demostrar su oposición. Temen que se favorezca la proliferación de estas explotaciones industriales que, según apuntan, tanto daño están causando al mundo rural, pues “lejos de crear tejido económico en el territorio o fijar población los efectos de la producción industrial de carne amenaza la calidad de vida de los pueblos: malos olores, problemas de salud pública, contaminación de agua, suelos con excesos de nitratos”.
Efecto llamada del biogás para más macrogranjas
Las macrogranjas y macroplantas de biogás-biometano van de la mano, pues estas plantas esperan nutrirse de los purines que generan los primeros. Para estos colectivos, es innegable que las plantas de biogás en la región provocarán un efecto llamada para la instalación de más macrogranjas en nuestra región, además de las molestias que provocarán para la población y sus riesgos ambientales. Ponen de ejemplo la planta construida en la localidad valenciana de Lluxent, que a pesar de que obtuvo un premio a mejor planta de biogás sigue produciendo insoportables molestias según la población, aparte de sufrir un reciente incendio y otros incidentes.
La preocupación vecinal es enorme debido a que en una reunión en octubre con responsables de la Consejería de Desarrollo Sostenible estos afirmaron que la ganadería industrial en nuestra región tiene todavía mucho margen de crecimiento, poniendo como ejemplo Cataluña y Aragón (las mayores regiones por censo porcino), por lo que no se planea ningún tipo de limitación a su crecimiento. Estas afirmaciones son calificadas por los colectivos vecinales como “extremadamente preocupantes, ya que la Consejería con las competencias medioambientales defiende que Castilla-La Mancha aumente su censo porcino, y lo más grave es que tomen Cataluña como modelo a seguir, donde el 45% de los municipios están declarados como vulnerables a la contaminación por nitratos de origen agrícola”.
Creciente oposición vecinal
La oposición a este tipo de proyectos de ganadería industrial, tanto de viene de lejos y es cada vez más frecuente y rotunda. “Nadie quiere sacrificar la calidad de vida de su pueblo ante un proyecto de macrogranja o macroplanta de biogás que se ha visto que no aporta nada al pueblo”, comenta Inma Lozano, portavoz de la Coordinadora Stop Ganadería Industrial.
En Castilla-La Mancha se han desestimado varios proyectos de plantas de biogás-biometano debido a la oposición vecinal: Almansa, Fuentealbilla, Albacete (Polígono Romica), Iniesta, Quintanar de la Orden, Caudete, Corduente, Lucillos… Aun así, desde la Junta de Comunidades hay una clara intención de favorecer esta industria y por eso su plan de biometanización plantea la construcción de hasta 280 plantas.
Inma Lozano sostiene: “Las políticas que están tomando nuestras autoridades nos condenan a la despoblación y a un futuro ambiental incierto. Primero han creado el problema de la ganadería industrial sabiendo el impacto que tenía y ahora, nos venden la solución milagrosa con el biogás, pero por desgracia, los milagros no existen, y seguiremos pagando las consecuencias de sus decisiones. Por eso nos vamos a concentrar en Toledo, para mostrar nuestra oposición, para mostrar que nuestros pueblos tienen futuro y no vamos a dejar que nos condenen con estos proyectos tan perniciosos para nuestra salud y la del entorno.”
