Las organizaciones conservacionistas WWF España, SEO/BirdLife y Ecologistas en Acción Castilla-La Mancha han remitido un escrito urgente a la consejera de Desarrollo Sostenible, Mercedes Gómez, para reclamar la paralización inmediata de las obras del camino proyectado entre Las Majadas y Uña, tras verificar sobre el terreno el arranque de los trabajos en pleno Parque Natural de la Serranía de Cuenca.
Los colectivos denuncian que las actuaciones promovidas de forma conjunta por el Ayuntamiento de Las Majadas y la Diputación Provincial de Cuenca vulneran la legislación ambiental y de procedimiento administrativo, al ejecutarse sin las autorizaciones definitivas preceptivas en un enclave de máxima protección.

Comprobación ‘in situ’ del estaquillado y contradicciones municipales
Las entidades ambientales han comprobado sobre el terreno que ya se está ejecutando el replanteo y estaquillado del eje de la traza, una fase que marca el inicio material de la obra civil y que exige por ley la designación previa de una dirección facultativa y de una persona responsable de la vigilancia ambiental.
Esta intervención contradice la información oficial facilitada por el Ayuntamiento de Las Majadas, que el pasado 6 de octubre negó por escrito a Ecologistas en Acción la existencia de tales nombramientos técnicos para el proyecto.
Pese a dicha negativa formal, el alcalde del municipio, Cristian Sánchez Moreno, dictó el 13 de octubre una resolución expresa en la que autorizaba a la Diputación de Cuenca a acometer el replanteo sobre el terreno, activando los primeros movimientos en la zona.
Un trámite de diez días en el BOP que evidencia la falta de aprobación
De forma paralela a estos trabajos, el Consistorio ha publicado en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) un anuncio para someter de nuevo el expediente a un periodo de información pública de diez días, un paso que las organizaciones califican como una maniobra para enmarañar la tramitación.
A juicio de las entidades denunciantes, esta nueva exposición pública supone un reconocimiento tácito de que el camino carece de aprobación ejecutiva y de que la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) dictada en 2015 ha caducado, lo que exigiría reiniciar desde cero todo el procedimiento técnico y de evaluación ecológica.
Los colectivos recuerdan la extrema sensibilidad del paraje, integrado en la Red Natura 2000 como Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA) y Zona de Especial Conservación (ZEC), y han advertido de que acudirán a todas las instancias administrativas y judiciales necesarias para evitar un daño ambiental irreversible en el espacio protegido.
Antecedentes: una década de litigio y un expediente sancionador a Tragsa
Tal como recoge el archivo de El Liberal de Castilla, la pugna en torno a esta pista de 11,6 kilómetros que afecta a los términos de Las Majadas, Uña y Cuenca se remonta a diciembre de 2015, cuando la empresa pública Tragsa comenzó a introducir maquinaria sin contar con el visto bueno definitivo del proyecto.
Aquellas primeras obras quedaron paralizadas tras las denuncias del movimiento conservacionista y derivaron en la apertura de un expediente sancionador por parte de la Dirección Provincial, después de que el Servicio de Prevención e Impacto Ambiental certificara en mayo de 2016 que no existía constancia de la aprobación reglamentaria de la actuación.
Casi una década después de aquella suspensión, las organizaciones exigen a la Junta de Comunidades que intervenga de inmediato para frenar de nuevo las máquinas y retire definitivamente una infraestructura que incrementaría el tránsito motorizado y el riesgo de incendios en el corazón de la Serranía.

