La Concejalía de Tráfico del Ayuntamiento de Cuenca ha iniciado los trámites para solicitar una nueva moratoria que aplace el régimen sancionador de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) hasta el 31 de diciembre de 2027. Según ha confirmado Héctor Serrano, concejal del área, el objetivo es que las multas a los vehículos no comiencen a aplicarse hasta el año 2028. Esta decisión busca dar un mayor margen de adaptación a los conductores conquenses mientras se termina de desplegar toda la infraestructura técnica necesaria en el centro urbano.
Actualmente, el Consistorio ultima la colocación de la señalética informativa que delimitará visualmente el perímetro restringido de forma inminente. De manera paralela, la ciudad se prepara para la instalación de cuatro nuevos dispositivos destinados a monitorizar el entorno.
Ubicación de los medidores
El Ayuntamiento ha confirmado los puntos exactos donde operarán estos sensores ambientales y acústicos durante las próximas semanas:
Calle Doctor Fleming.
Calle Los Tintes.
Calle Calderón de la Barca.
Plaza de España.
Estos equipos recogerán datos objetivos y de forma continua sobre la calidad del aire en el corazón de la ciudad. La información recabada servirá como base técnica para diseñar futuras intervenciones urbanas enfocadas en la sostenibilidad y la mejora del tráfico local.
Evolución del proyecto ambiental
El archivo de liberaldecastilla.com refleja que la implantación de la ZBE ha sido uno de los retos urbanísticos más complejos para Cuenca durante el último año. Como ocurre en otras capitales de Castilla-La Mancha obligadas a adaptar su movilidad, la transición exige un despliegue tecnológico escalonado que abarca desde la delimitación del área hasta la activación de cámaras y sistemas de medición.
Este aplazamiento del régimen sancionador conecta directamente con las fases previas del proyecto. La ciudad prioriza ahora la recogida de datos medioambientales reales en arterias clave de la capital antes de penalizar a los vecinos. De este modo, la moratoria hasta 2028 no supone una paralización de la normativa, sino el tiempo necesario para monitorizar el aire local y garantizar que las futuras restricciones se basen en el rigor de las mediciones actuales.
