La plataforma ciudadana SOS Arguisuelas ha superado las 9.000 visualizaciones en apenas dos semanas tras lanzar en redes sociales un vídeo de denuncia sobre el impacto de la actividad extractiva en el municipio. La iniciativa pretende visibilizar el conflicto medioambiental que atraviesa esta localidad de la Serranía Baja de Cuenca, de poco más de un centenar de habitantes.
A través de imágenes sobre el terreno y testimonios en primera persona, la grabación expone las alteraciones sufridas en parajes tradicionales del término como el Lagunillo, el Rincón de la Puente o el Cerro Alejo, transformados actualmente en grandes socavones.
Alerta por el avance de las excavaciones hacia El Viso
El colectivo vecinal advierte de que el avance de la explotación minera amenaza de forma inminente al cerro de ‘El Viso’. Este enclave constituye uno de los principales miradores naturales de la zona y alberga una de las masas de pinar sano más representativas del término municipal.
Desde la plataforma señalan que la pérdida de estos recursos naturales compromete las opciones de futuro de una comarca especialmente afectada por el fenómeno de la despoblación.
Batalla administrativa y recurso de alzada contra la DIA
La campaña audiovisual se enmarca en un conflicto que tuvo un hito destacado en diciembre de 2025, fecha en la que los vecinos de Arguisuelas votaron de forma mayoritaria contra el proyecto en una consulta popular. Según denuncian los afectados, tanto la promotora como los organismos competentes obviaron el resultado de dicha votación vecinal.
Ante el avance del plan minero, los colectivos vecinales y ecologistas solicitaron formalmente la caducidad de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) en marzo y mayo de 2026, además de exigir en junio la documentación que avalase la legalidad de la ocupación del monte.
El enfrentamiento administrativo derivó el pasado mes de agosto en la interposición de un recurso de alzada por parte de Ecologistas en Acción tras denegarse la caducidad de la DIA. La organización conservacionista reclama la nulidad del trámite ambiental al argumentar que las obras no se iniciaron en el plazo legal de cuatro años y advertir de que la actuación no dispone de autorización municipal para ocupar el Monte de Utilidad Pública.
