La Confederación de Empresarios de Cuenca ha intensificado este jueves, 10 de septiembre de 2026, sus contactos institucionales a escala nacional y comunitaria para captar mayores fondos y afianzar medidas económicas contra la pérdida demográfica. La organización empresarial coordina estas actuaciones con las administraciones provincial y autonómica, así como con la Federación de Organizaciones Empresariales Sorianas y CEOE Teruel dentro de la Red de Áreas Escasamente Pobladas del Sur de Europa.
Las gestiones en las instituciones comunitarias se canalizan a través del coordinador de la red, Mario Vega, con dos prioridades definidas. Por un lado, la delegación empresarial reclama al Gobierno central que aumente el porcentaje de las ayudas de funcionamiento para empresas ya autorizadas por la Comisión Europea, al considerar que la normativa comunitaria permite un recorrido mucho más amplio para reducir los costes laborales y generar empleo.
Por otra parte, la patronal centra sus esfuerzos en defender el peso de los fondos de desarrollo rural ante el próximo Marco Financiero Plurianual de la Unión Europea, frente al riesgo de que un cambio de prioridades presupuestarias en el continente reste recursos a las zonas despobladas. Pese a que los últimos datos demográficos reflejan que la provincia logra consolidarse por encima de los 200.000 habitantes, la confederación advierte de que el problema sigue siendo estructural y requiere consolidar la actividad de los negocios locales para fijar población.
Una reivindicación histórica en Europa
Esta ofensiva institucional da continuidad a una estrategia colectiva iniciada hace una década, cuando las patronales de Cuenca, Soria y Teruel crearon la alianza SSPA para exigir un trato fiscal diferenciado en territorios con densidades inferiores a los 12,5 habitantes por kilómetro cuadrado. Aquel trabajo conjunto logró que las instituciones europeas reconocieran esta singularidad y dieran luz verde a las ayudas de funcionamiento que entraron en vigor a comienzos de 2023.
Desde entonces, la principal batalla del tejido productivo conquense ha consistido en elevar la intensidad de estas bonificaciones hasta el tope legal del 20% de los costes laborales autorizado por Bruselas, una cota muy superior a la rebaja actual aplicada por el Estado. La actual interlocución con las instituciones europeas refuerza asimismo la posición expresada por los empresarios conquenses en las últimas semanas para evitar que el giro del gasto comunitario hacia partidas de defensa termine mermando las partidas destinadas a la cohesión territorial y el desarrollo rural.
