El Gobierno de Castilla-La Mancha ha considerado prioritaria la creación de un fondo transitorio y abordar la restructuración de la deuda, como medidas previas ante la falta de un nuevo sistema de financiación autonómica, que también corrija los desequilibrios actuales.
Así lo ha indicado el consejero de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital, Juan Alfonso Ruiz Molina, en declaraciones a los medios de comunicación durante la Jornada sobre ‘Financiación autonómica y comunidades infrafinanciadas: principales problemas y propuestas de reforma’, organizada por el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (IVIE) y celebrada hoy en Sevilla. En ella ha participado el consejero castellanomanchego, en una mesa de debate, junto a sus homólogos de Hacienda de la Junta de Andalucía, la Comunidad Valenciana y la Región de Murcia, para analizar y debatir las causas y consecuencias de las deficiencias en el actual sistema de financiación autonómica.
Ruiz Molina, que ha estado acompañado por el director general de Presupuestos, Isidro Hernández, ha indicado que el actual Sistema de Financiación Autonómico lleva sin revisarse más de diez años “por el Gobierno de España, tanto cuando gobernaba el Partido Popular, que en su momento gozaba de mayoría absoluta, como con el actual Gobierno del Partido Socialista”. En el caso de Castilla-La Mancha, hemos hablado de financiación autonómica y hemos hecho esas reivindicaciones tanto con uno como con otros, pero “han caído en saco roto”.
Esta situación de no aprobación de un nuevo modelo, según ha señalado el consejero, está causando “importantes problemas”, en primer lugar, en cuanto a la suficiencia, ya que “no disponemos de los recursos suficientes para prestar los servicios públicos esenciales, como sanidad, educación y servicios sociales”, es decir, para hacer frente a los gastos que forman parte del Estado del Bienestar, siendo el principal instrumento de redistribución de la renta y riqueza de los ciudadanos.
En segundo lugar, porque según ha manifestado el consejero, existe un problema de falta de equidad, por una parte de equidad vertical, pues “hay que plantearse la distribución de los recursos entre el Estado y las comunidades autónomas, teniendo en cuenta los servicios que prestamos desde cada región y que los ingresos del Estado han crecido un 90 por ciento mientras el de las comunidades autónomas lo han hecho un 40 por ciento”; y por otro lado, también hay un problema de equidad horizontal de distribución de recursos entre las regiones, que pone de manifiesto “que hay diferencias importantes entre la que más recursos obtiene con este modelo y la que menos”.
En tercer lugar, Ruiz Molina se ha referido al problema de endeudamiento de Castilla-La Mancha, provocado por la infrafinanciación, y en cuarto y último lugar, a una falta de lealtad institucional, al considerar que el Estado toma decisiones que afectan tanto a la vertiente de gastos como a la de ingresos, para afrontar las decisiones.
Un sobreesfuerzo en prestar los servicios públicos
En esta línea, el titular de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital, ha reconocido que el actual modelo perjudica más a las cuatro comunidades autónomas que participan en esta jornada, entre ellas Castilla-La Mancha, lo que supone que tengan que realizar “un sobresfuerzo” para que los ciudadanos tengan esos servicios públicos, que son fundamentales, en las mismas condiciones que el resto de los territorios, porque es lo que “se merece la ciudadanía”.
Igualmente, ha expresado que el actual modelo de financiación está “caduco” y que ese sobresfuerzo que hacen estas comunidades autónomas infrafinanciadas provoca, como es el caso de Castilla-La Mancha, un incremento del endeudamiento y, posteriormente, soportar la carga financiera derivada del mismo.
Nuevo fondo transitorio hasta la aprobación de un nuevo modelo
En este contexto, Juan Alfonso Ruiz Molina ha recordado que desde el Gobierno de Castilla-La Mancha “estamos muy a favor de la condonación de la deuda”, además ha vuelto a incidir en la idea de que esta restructuración en la región “la llevamos reclamando desde el 2015”.
Del mismo modo, Ruiz Molina ha dicho que estas cuatro comunidades autónomas están “reclamando que haya un fondo transitorio” hasta que se apruebe un nuevo modelo de financiación autonómica que “compense los desequilibrios financieros que estamos soportando”.
Asimismo, ha concretado que “es un debate urgente”, siendo el Gobierno central el que debe “liderar” el nuevo modelo de Financiación Autonómica, juntando a las comunidades autonómicas en el Consejo de Política Fiscal y Financiera.
Además, ha apoyado que el Estado apruebe una Ley de Armonización Fiscal que evite la competencia entre comunidades autónomas, ya que se trata de que “los ciudadanos paguen en función de su capacidad económica y no del territorio donde vivan”.
Finalmente, el consejero ha declarado que lo que debe primar en el nuevo modelo es que se garantice la “igualdad de acceso a los servicios públicos fundamentales con independencia de la capacidad económica del ciudadano y de la capacidad económica de la comunidad autónoma”. La propuesta que viene haciendo el Gobierno de Castilla-La Mancha, ha continuado, es que el nuevo modelo tiene que ser sencillo para que “nos permita hacer las previsiones para los próximos años” y, además, debe “igualar la financiación por habitante ajustado”.
