En el comité federal del PSOE de 27 de junio del 2026, García Page habló sobre la corrupción y dijo: “es bastante normal pensar que la gente nos responsabiliza de no haberla evitado o no haberla prevenido o de connivencia”. Esta crítica a la tolerancia con la corrupción es adecuada, para reflexionar sobre la clausura de la línea Aranjuez-Cuenca-Valencia, que realizó el Gobierno de Castilla-La Mancha con la expresidenta del administrador de infraestructuras ferroviarias (ADIF) Isabel Pardo de Vera.
Es sabido que ni ADIF ni la Junta de Comunidades mostraron interés en la reparación del ferrocarril dañado por la tormenta Filomena. Como puso de relieve la Plataforma en Defensa del Ferrocarril, ADIF llevaba muchos años sin hacer mantenimientos ni realizar inversiones en una línea que, de ser modernizada y gratuita, podría competir con una alta velocidad alejada de la ciudad (https://www.liberaldecastilla.com/la-plataforma-en-defensa-del-ferrocarril-alerta-sobre-el-uso-politico-y-el-caracter-especulativo-del-plan-x-cuenca/). El gobierno de García Page tampoco quería invertir fondos Next-GenerationEU en una línea cuyas 22 hectáreas de terreno en el centro de la ciudad codiciaban los empresarios de la CEOE de Cuenca, como una “oportunidad inmejorable para el desarrollo provincial”.
La fórmula para conciliar los intereses del Estado y la Comunidad la ofreció la expresidenta de ADIF, Isabel Pardo de Vera. Bajo su presidencia elaboró la consultora INECO – empresa dirigida por ADIF- el estudio justificando el cierre de la línea que se concretó en el Protocolo General de Actuación para el desarrollo de un proyecto integral de movilidad, desarrollo territorial y transformación urbana en la provincia de Cuenca -“Plan XCuenca”- el 9 de marzo de 2022.
Un punto esencial del Protocolo era que excluía del procedimiento a los alcaldes de los pueblos por donde discurría el tren. Solo conocían el contenido del texto los partidarios del cierre, es decir, el Ministerio, la Junta de Castilla-La Mancha, ADIF, el alcalde de Cuenca, el presidente de la Diputación provincial y la CEOE de Cuenca. La Junta de Comunidades y ADIF explicaron la discutible marginación de todos los alcaldes -menos el de Cuenca-, con el cínico argumento de que “solo en Cuenca capital había un plan de ADIF para utilizar los terrenos que dejan las vías”.
El éxito de ADIF en las negociaciones iniciadas en 2019 fue lograr que el gobierno socialista de Castilla-La Mancha permitiera despojar a los pueblos del servicio público de ferrocarril y un cálculo a la baja de la clausura de una línea con un gran valor patrimonial. A cambio, la Junta de Comunidades consigue que ADIF acepte la exclusión de los alcaldes de los pueblos para desmantelar el tramo de la línea -Madrid-Cuenca-Valencia- y que los terrenos de ADIF sirvan para favorecer la especulación y los intereses urbanísticos privados.
Es tan fuerte el compromiso del PSOE con el cierre del ferrocarril, que a los dirigentes del partido no les duelen prendas silenciar las críticas y manipular los medios para adoctrinar a la población. Para nada les ha afectado que la expresidenta de ADIF, Isabel Pardo de Vera, esté imputada ante la Audiencia Nacional por los delitos de malversación de caudales públicos, cohecho, tráfico de influencias, prevaricación y pertenencia a organización criminal.
A la vista de esta actitud tan tolerante con la delincuencia de la impulsora y artífice del Informe de INECO y del Plan XCuenca, quizás el presidente García-Page tendría que reflexionar sobre la posible connivencia con la corrupción de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, por el cierre de la línea de ferrocarril Aranjuez-Cuenca-Valencia.
Opinión de Fernando Casas Mínguez
