El Gobierno de Castilla-La Mancha ha aprobado el límite de gasto no financiero para el ejercicio 2025, por un importe de 8.315 millones de euros, lo que supone una variación del 4,5 por ciento respecto a 2024. Este incremento se hace aprovechando la estabilidad política de la que goza la región y va a permitir “dotarnos del principal instrumento con el que cuenta el Gobierno regional para cumplir con los compromisos adquiridos con la ciudadanía”.
Así lo ha señalado el consejero de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital, Juan Alfonso Ruiz Molina, durante la rueda de prensa que ha ofrecido en el Palacio de Fuensalida, en Toledo, junto a la consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco; tras la aprobación por parte del Consejo de Gobierno del límite de gasto no financiero para este año, siendo Castilla-La Mancha una de las primeras comunidades autónomas en hacerlo.
Una vez aprobado este límite de gasto no financiero, también conocido como techo de gasto, se dará traslado inmediato a las Cortes regionales, iniciándose así el trámite parlamentario preceptivo para aprobar el proyecto de Ley de Presupuestos para 2025, con el objetivo de que puedan entrar en vigor el próximo 1 de enero y se cumpla, como ha señalado el consejero, con la prioridad de este Gobierno, que es “continuar con la redistribución justa y solidaria de la riqueza generada, que permita mejorar la calidad de vida y el bienestar del conjunto de la ciudadanía y hacerlo compatible con el desarrollo económico de nuestra región”.
Principales magnitudes del límite de gasto no financiero
El titular de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital, ha explicado que este techo de gasto se ha elaborado teniendo en cuenta los recursos provenientes del sistema de financiación, comunicados oficialmente por el Ministerio de Hacienda a finales del mes pasado, así como los objetivos de estabilidad presupuestaria, aprobados en el último Consejo de Política Fiscal y Financiera celebrado el pasado 15 de julio y cuyo déficit del 0,1 por ciento fue aprobado en Consejo de Ministros y no refrendado en el Congreso de los Diputados por Partido Popular, VOX y Junts.
A este respecto, el consejero ha instado a las fuerzas políticas castellanomanchegas (PP y VOX) con representación nacional, a que, en una nueva votación, de la que aún no se ha conocido fecha, apoyen este objetivo de déficit, ya que de no hacerse “supondría para Castilla-La Mancha una merma de nuestra capacidad económica de algo más de 100 millones de euros”, afectando fundamentalmente al gasto asociado al estado del bienestar.
Durante su intervención, Ruiz Molina también ha detallado cada uno de los componentes de este techo de gasto para 2025. El primero de ellos son los ingresos propios de carácter no financiero, que como ha indicado, ascienden a 8.247 millones de euros, variando con respecto al anterior ejercicio en un 4,6 por ciento. De esta cifra ha remarcado que el 88 por ciento, es decir 7.257 millones, son los ingresos que le corresponden a Castilla-La Mancha provenientes del sistema de financiación vigente.
Un elevado porcentaje que, como ha indicado Ruiz Molina, “pone de manifiesto la importancia que para la región tiene abordar de manera urgente la reforma del sistema de financiación autonómica” y que ha enlazado con el “absoluto rechazo” que desde el Gobierno de Castilla-La Mancha se ha manifestado al acuerdo entre el PSC y ERC, avalado por el Gobierno de España, y que establece un concierto económico entre la Generalitat y el Estado para investir a Salvador Illa como presidente de Cataluña, siendo, como ha indicado, “un flagrante ataque al principio de igualdad que se reconoce en la Constitución”.
Asimismo, ha precisado que el doce por ciento restante, es decir, 990 millones, “se corresponde con los ingresos de carácter tributario que gestionamos desde la Administración regional y los provenientes de otras administraciones, como el Estado o la Unión Europea”. Estimación que según ha recalcado el consejero, se realiza “con la máxima prudencia”.
El segundo componente es el déficit autorizado para el próximo ejercicio. En este punto el consejero ha recordado que, tal y como se acordó en el Consejo de Política Fiscal y Financiera del pasado mes de julio, “éste es del 0,1 por ciento del PIB regional, lo que supone unos 55 millones de euros”, que, pese a que fue rechazado junto al techo de gasto para 2025, va a ser el indicador que desde el Ejecutivo autonómico se va a usar para elaborar el presupuesto regional.
Y finalmente, la última magnitud, ya que los ingresos procedentes del fondo REACT UE no se han estimado al haberse ejecutado en su totalidad, son los ajustes de contabilidad nacional, que suman 12,3 millones de euros y que son aquellos ajustes que se deben realizar para que el techo de gasto sea fijado en términos de contabilidad nacional.
Un escenario macroeconómico positivo para Castilla-La Mancha
Se trata, por tanto, de un límite de gasto no financiero, que según ha indicado el consejero de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital se ha elaborado en el marco de un escenario macroeconómico muy positivo, tanto para España como para la región, reflejado en los informes de los principales estudios que estiman un crecimiento sostenido de la economía regional, tanto en 2024 como en 2025.
Unos datos a los que, como ha explicado el consejero, hay que sumar una contención de la inflación, que, según los últimos registros del mes de julio en Castilla-La Mancha es del 2,6 por ciento, muy por debajo de la media nacional, y que se va a ver acrecentada “por el clima de estabilidad que impera en nuestra Comunidad”. Esto supone, que, en términos de previsiones macroeconómicas, el 2024 va a finalizar con un incremento del PIB, en términos reales, del 2,3 por ciento, avalado principalmente por variables como el empleo, la inversión extranjera, el crecimiento de las exportaciones o los datos de creación de empresas.
En esta línea, Ruiz Molina también ha hecho referencia a las previsiones que el Gobierno regional ha elaborado para 2025 y que han sido avaladas por la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), el pasado 21 de agosto. Estas previsiones, elaboradas, según ha reconocido, con “mucha prudencia”, muestran un crecimiento de esa magnitud, en términos reales, del 2 por ciento, porcentaje que está muy por debajo de lo que estiman los servicios de estudios más reputados, como BBVA, Hispalik y CEPREDES.
Una actitud con la que desde el Ejecutivo se ha elaborado este techo de gasto, al mantener el nivel de endeudamiento de la región en los límites que venían registrándose desde que se aprobó el primer presupuesto en 2016, y que ha permitido, según ha recordado Ruiz Molina, “ser la tercera comunidad que más ha reducido el peso de la deuda en relación con el PIB”. Una forma de actuar que, como ha resaltado, “nos permite compatibilizar con la congelación de la presión fiscal y con la prioridad de pagar a nuestros proveedores lo más rápidamente posible y siempre debajo del tiempo registrado como media a nivel nacional”.
Por último, el consejero ha explicado que este límite de gasto no financiero va a permitir elaborar los presupuestos regionales para 2025, que tendrán como prioridades reforzar el blindaje de los servicios y prestaciones vinculados al estado del bienestar, impulsar la actividad económica y el empleo en la región, siempre en colaboración con los empresarios y sindicatos; acelerar la transición ecológica y la transformación digital, ejecutando con eficacia y rapidez los fondos europeos de recuperación asignados a nuestra Comunidad Autónoma; y adoptar políticas activas para hacer frente al reto demográfico.
