El Gobierno de Castilla-La Mancha ha dado luz verde a un fondo de contingencia de 27 millones de euros destinado a la recuperación inmediata de la Sierra Norte de Guadalajara. Tras el incendio que ha calcinado 32.000 hectáreas en la comarca, el vicepresidente primero, José Luis Martínez Guijarro, se ha reunido este miércoles en Cogolludo con una treintena de alcaldes de los municipios afectados para detallar un plan de actuación que sorteará los trámites ordinarios de la Ley de Contratos mediante su declaración de emergencia.
El plan cuenta con líneas de ayuda directa para los motores económicos de la zona, gravemente mermados por el fuego, que en estos momentos se mantiene en Nivel 1. El sector turístico recibirá apoyo para paliar las pérdidas generadas por el cierre temporal de negocios y las cancelaciones de reservas previstas para los próximos meses. En paralelo, la administración autonómica ya está contactando de forma individual con los ganaderos para compensar tanto la caída de ingresos como el sobrecoste que implica garantizar la alimentación de los animales tras la pérdida de pastos.
Junto a las inyecciones económicas y el arreglo de vías de comunicación, el Ejecutivo regional ha propuesto a los representantes municipales centralizar los trabajos ambientales. De este modo, la Comunidad Autónoma asumirá las labores de reforestación en su totalidad, independientemente de si los terrenos afectados son montes de utilidad pública, patrimonio municipal, fincas comunales o de propiedad privada. Al encuentro han asistido también responsables de la Diputación de Guadalajara y de la Subdelegación del Gobierno para coordinar el despliegue técnico.
El reto histórico de la recuperación forestal
La gestión integral de estas 32.000 hectáreas se enmarca en el histórico desafío que la provincia de Guadalajara afronta periódicamente frente a los grandes incendios forestales. El archivo y la hemeroteca de Liberal de Castilla muestran cómo, tradicionalmente, la regeneración del medio natural tras fuegos de esta magnitud suele verse obstaculizada por la burocracia, la fragmentación de la propiedad de los montes y la incapacidad financiera de los pequeños consistorios.
La decisión de aplicar la vía de emergencia administrativa y absorber el coste íntegro de la limpieza y reforestación desde el Gobierno regional marca una evolución clara en los protocolos institucionales de la comunidad. Esta estrategia busca evitar que los ayuntamientos de la Sierra Norte, caracterizados por contar con presupuestos muy limitados, asuman el peso de una recuperación que resulta vital para sostener la economía rural y fijar población en la provincia.
