La Diputación de Guadalajara retomará los convenios de colaboración con los colegios oficiales de Arquitectos y de Aparejadores cuyo objetivo fundamental es agilizar la emisión de informes urbanísticos con la prestación de servicios de control, supervisión, comprobación documental y técnica sobre el cumplimiento de la normativa aplicable en expedientes procedentes de los pueblos de la provincia.
Para poder firmar nuevamente estos convenios en el año 2025, la Diputación ha tenido que aprobar en pleno una modificación de crédito presupuestario, en la que se incluye una partida de 100.000 € para dotarlos económicamente. Dicha partida no fue incluida en el presupuesto general de la Diputación para 2025 porque en el momento de elaborarse y aprobarse las cuentas este tipo de convenios entre administraciones públicas y colegios profesionales estaban interrumpidos, debido a que la entrada en vigor en 2024 de la Ley de Medidas Administrativas y de Creación de la Agencia de Transformación Digital de Castilla-La Mancha generó dudas sobre si su podían seguir formalizándose.
Una vez recibido en este mes de febrero por la Diputación de Guadalajara un informe de la Dirección General de Planificación Territorial y Urbanismo en el que aclara que estos convenios entre diputaciones y colegios profesionales siguen teniendo cobertura legal, el equipo de Gobierno ha procedido a dotar de presupuesto ambos convenios mediante esta modificación de crédito, aprobada con los votos favorables del equipo de Gobierno del PSOE y sin el apoyo de los grupos de Vox y PP, que se han abstenido.
Con ello, la Diputación de Guadalajara destina 60.000 € a un nuevo convenio con el Colegio de Arquitectos de Castilla-La Mancha, demarcación Guadalajara, y 40.000 € al convenio con el Colegio de Aparejadores, Arquitectos Técnicos e Ingenieros de la Edificación (COAATIE) de Guadalajara para la emisión de informes y certificados urbanísticos.
Una colaboración que se inició en 2022.
La Diputación firmó por primera vez estos convenios con ambos colegios profesionales en febrero de 2022, con el objetivo de reducir plazos y agilizar la emisión de informes técnicos y dictámenes sobre obras, construcciones e instalaciones en los pueblos de la provincia, de forma complementaria a los que son resueltos directamente por los servicios propios de la Institución Provincial.
La Diputación, a través del Servicio de Asistencia a Municipios (SAM), presta asistencia técnico-urbanística a las entidades locales de la provincia que lo requieren, mediante emisión de informes técnicos y dictámenes sobre obras, construcciones e instalaciones, ya sean de titularidad municipal o solicitados por particulares.
Debido al elevado número de pequeños pueblos existentes en la provincia de Guadalajara, cuyos ayuntamientos no tienen capacidad propia para emitir estos informes, históricamente se ha producido un gran número de solicitudes que los medios del SAM no podían absorber en su totalidad en los plazos adecuados. Los convenios de colaboración con los Colegios Profesionales de Arquitectos y de Aparejadores han posibilitado una importante reducción del volumen de expedientes pendientes de resolución, así como de los plazos en los que se emiten los correspondientes informes.
10 días de plazo para emisión de informes y certificados urbanísticos.
Los convenios de la Diputación que ahora van a poder reanudarse han establecido en sus firmas anteriores que los colegios profesionales de Arquitectos y de Aparejadores se encargan de emitir los certificados de idoneidad de la actuación urbanística que se plantea desde los pueblos. Los que resultan positivos son sometidos posteriormente al informe de supervisión favorable de los funcionarios técnicos del Servicio de Arquitectura y Urbanismo de la Diputación de Guadalajara para su aprobación definitiva, que permite la concesión de licencias por parte de los ayuntamientos.
Ambos convenios implican el compromiso de los colegios profesionales de Arquitectos y de Aparejadores de emitir los informes y certificados de idoneidad de la actuación urbanística propuesta en el plazo máximo de 10 días hábiles a partir del momento en que la Diputación ponga a su disposición los correspondientes expedientes, que se facilitan en lotes de 20 como máximo.
