El consejero de Sanidad, Jesús Fernández Sanz, y la presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, María Pilar Astray Chacón, han firmado un protocolo general de colaboración para establecer los mecanismos de coordinación y actuación adecuados para la atención a personas con enfermedad mental en proceso o riesgo de judicialización.
El objetivo es formalizar la colaboración entre la Consejería de Sanidad de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha para establecer los mecanismos de actuación suficientes y adecuados para la atención de personas con enfermedad mental que hayan entrado en contacto con el sistema judicial y/o penal por haber cometido un delito o que estén en riesgo de cometerlo.
La coordinación entre ambas instituciones se viene llevando a cabo desde el año 2013 a través de las Comisiones de Análisis de Casos, siendo estas estructuras estables de coordinación que integran a profesionales y responsables del ámbito judicial, de la administración social y sanitaria, de instituciones penitenciarias y de asociaciones de pacientes.
Estas comisiones funcionan analizando casos y situaciones concretas, compartiendo la información, buscando estrategias para la intervención, haciendo el seguimiento y resolviendo los casos si es posible, así como detectando carencias de la red.
Otro de los objetivos que se persigue es facilitar la comunicación entre las dos administraciones, a través del intercambio de información y de sus respectivos recursos, para un mejor aprovechamiento de estos, en favor de las personas con una enfermedad mental y/o discapacidad intelectual y/o adicciones.
Asimismo, es un fin el realizar un trabajo coordinado que mejore las oportunidades de integración social de aquellas personas que, debido a un trastorno mental, una discapacidad intelectual o una adicción, estén judicializadas.
De igual modo, se pretende apoyar las estrategias de prevención que puedan poner en marcha las CACS para minimizar, mediante la detección temprana y la adecuación correcta de programas de tratamiento o recursos asistenciales el riesgo de judicialización de la persona con problemas de salud mental.
Asimismo, conlleva la elaboración de protocolos conjuntos de actuación, entre los que destaca, por su importancia, el orientado a mejorar la inserción social de las personas con enfermedad mental que finalizan el cumplimiento de la condena y favorecer el seguimiento de la persona en el medio comunitario.
Y para concluir, otro objetivo es difundir la existencia de las Comisiones entre los profesionales de las Administraciones que intervienen, a fin de incrementar el número de casos valorados, para que, mediante la puesta en común de los casos más complejos, se puedan elaborar protocolos generales de actuación para casos tipo y se puedan disponer de los instrumentos y herramientas que permitan hacer efectiva una atención integral.
