La alcaldesa de Fuentenovilla, Montserrat Rivas, se encuentra en proceso de recuperación tras intervenir en la tarde de ayer para intentar frustrar el robo de un vehículo en el municipio por parte de unos okupas. La regidora acudió en auxilio de los vecinos ante la situación de inseguridad, colaborando sobre el terreno de forma directa hasta que los agentes de la Guardia Civil y los servicios sanitarios se personaron en el lugar.
El Partido Popular de Guadalajara ha emitido hoy un comunicado para trasladar su apoyo incondicional a Rivas y a su familia. La formación política ha ensalzado el profundo sentido de responsabilidad de la alcaldesa, destacando que su actuación demuestra la vocación de los servidores públicos del medio rural, dispuestos a atender a sus vecinos a cualquier hora del día sin limitarse al trabajo de despacho.
El incidente movilizó también a los propios habitantes de la localidad alcarreña, quienes ayudaron a contener la situación. Desde el PP han querido agradecer expresamente esta colaboración vecinal, así como la rápida intervención de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y del personal médico que asistió a la primera edil.
La seguridad rural y la ocupación
Este suceso en Fuentenovilla conecta directamente con una de las mayores preocupaciones de los municipios de Guadalajara durante el último año: la inseguridad derivada de la ocupación ilegal. A través del archivo reciente, se evidencia que los problemas de convivencia y los delitos menores asociados a viviendas ocupadas han generado una alarma constante en los pueblos de la provincia, obligando a los ayuntamientos a lidiar con el problema desde la primera línea pero con escasos recursos.
El incidente sufrido por Montserrat Rivas materializa el riesgo físico y la desprotección a la que, en muchas ocasiones, se exponen los alcaldes rurales al intentar mantener la tranquilidad en sus calles. Ante esta evolución del problema, el Partido Popular ha aprovechado los hechos de ayer para reiterar una demanda histórica de los consistorios: el endurecimiento urgente de las penas contra quienes ocupan viviendas y reinciden en conductas delictivas. Las administraciones locales insisten en que necesitan herramientas legales eficaces que respalden la labor de la Guardia Civil y devuelvan la seguridad al día a día de los vecinos.
