El consejero de Hacienda y Administraciones Públicas, Juan Alfonso Ruiz Molina, ha subrayado hoy que la Administración regional “desde el primer minuto” que constate que la empresa adjudicataria del servicio de seguridad de los edificios de la Junta de Comunidades en Ciudad Real, Guadalajara y Toledo no cumple con el convenio sectorial instará a la resolución del contrato.
A preguntas de los medios de comunicación en una rueda de prensa, Ruiz Molina ha destacado que en la licitación del contrato del servicio de seguridad de los edificios de la Junta de Comunidades en estas tres provincias la Administración regional “ha actuado con sujeción estricta a la legalidad vigente en materia de contratación” pública.
El titular de Hacienda y Administraciones Públicas ha indicado que el importe de licitación del contrato respetaba el convenio colectivo estatal en materia salarial, lo que pone de manifiesto que por parte de la Administración regional en todo momento ése ha sido el convenio de referencia.
La Administración regional, ha continuado Ruiz Molina, considera que la empresa que resultó adjudicataria, de acuerdo a la puntuación que obtuvo y a las normas del concurso, no puede aplicar el convenio de empresa que tiene aprobado.
Por ello, ha añadido, “desde el primer minuto que consideremos que la empresa adjudicataria no cumple con el convenio sectorial instaremos a la resolución del contrato”. Para que esto ocurra se deben producir dos hechos, primero, que entre en vigor el contrato, lo que tendrá lugar el 1 de mayo, y, segundo, que se constate que “verdaderamente no cumple con el convenio sectorial”.
El consejero de Hacienda y Administraciones Públicas ha indicado que esto es “lo que se ha transmitido a los trabajadores, al Comité de Empresa y, desde luego, así es como va a actuar esta administración”.
A continuación, Ruiz Molina ha explicado que el conflicto en relación con este asunto “no es con la Administración regional, es un conflicto que, esperemos no se produzca, entre los trabajadores y la empresa adjudicataria”.
En relación con este asunto, Ruiz Molina ha manifestado que “la posibilidad de que las empresas apliquen su convenio de empresa y no el convenio sectorial es consecuencia de la reforma laboral que aprobó el PP”.
La reforma laboral aprobada en 2012 permite a las empresas tener sus propios convenios, en los cuales fijan unos sueldos muy por debajo del convenio colectivo del sector, práctica esta cuya legalidad ha sido confirmada por el Tribunal Constitucional mediante sentencia.
En este sentido, el titular de Hacienda y Administraciones Públicas ha resaltado que son “varias las administraciones que han adjudicado a la misma empresa” a la que lo ha hecho la administración castellano-manchega sus contratos de seguridad, entre las que ha mencionado, el Ayuntamiento de Madrid, el Ayuntamiento de Barcelona, la Comunidad de Madrid o la propia Administración del Estado.
Por último, Ruiz Molina ha manifestado que confía en que “la empresa aplicará el convenio sectorial y no el convenio de empresa” aunque, no obstante, la Consejería efectuará un exhaustivo seguimiento. “Desde el primer momento que constatemos que los trabajadores tienen alguna merma en sus retribuciones o en sus condiciones laborales instaremos a la resolución del contrato porque el concurso se sacó a licitación por el importe para que a los trabajadores les fueran abonadas las retribuciones que están contempladas en el convenio sectorial y no en el convenio de empresa”, ha finalizado.
