La presidenta del Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de Cuenca, Bea Jiménez, ha anunciado que el Partido Popular llevará a los tribunales la tramitación del convenio del Plan X Cuenca y la gestión de los terrenos ferroviarios, ante las numerosas contradicciones, la falta de transparencia y las dudas que, a su juicio, se han acumulado durante los últimos meses y que afectan a un proyecto que el PSOE presentó como una de las grandes transformaciones de la ciudad.
“Queremos saber la verdad”, ha afirmado Jiménez, quien ha explicado que la decisión de acudir a la justicia responde a la imposibilidad de obtener respuestas claras por parte de las administraciones implicadas. La presidenta popular considera especialmente grave que las explicaciones ofrecidas por el Ayuntamiento, la Diputación y el Ministerio de Transportes no coincidan y que, lejos de despejar las dudas planteadas por el Partido Popular, hayan generado nuevos interrogantes.
Jiménez ha recordado que el convenio, firmado en septiembre de 2022 por el Ayuntamiento de Cuenca, la Diputación Provincial y Adif, establecía una vigencia de cuatro años. El Grupo Municipal Popular ya denunció el pasado 22 de septiembre que el acuerdo podía haber caducado, reclamando explicaciones al alcalde. Sin embargo, al día siguiente, Darío Dolz aseguró públicamente que el convenio estaba “más vivo que nunca”.
La presidenta popular ha puesto el foco en la sucesión de acontecimientos posteriores; mientras el alcalde solicitaba informes jurídicos para determinar la situación del convenio y la Diputación elaboraba su propia interpretación jurídica para defender que seguía vigente, el 13 de octubre se reunió una comisión de seguimiento que concluyó que no era necesaria una nueva adenda y que el convenio se prolongaba hasta marzo de 2028.
Sin embargo, la publicación del Boletín Oficial del Estado del pasado 24 de octubre introduce una contradicción de especial relevancia. En ella se recoge que el 2 de septiembre se habrían reunido el alcalde de Cuenca, el presidente de la Diputación y el presidente de Adif para firmar una adenda de prórroga del convenio, ampliando su vigencia hasta el 19 de septiembre de 2030.
“¿Cómo es posible que el alcalde diga que el convenio está más vivo que nunca, que después se soliciten informes jurídicos y que se reúna una comisión de seguimiento para decidir que no hace falta ninguna adenda, cuando el BOE publica que esa adenda ya se había firmado el 2 de septiembre?”, se preguntaba Jiménez.
A esta contradicción se suma que, según ha explicado el Grupo Municipal Popular, esa supuesta adenda no consta en las actas de la Junta de Gobierno Local ni ha sido sometida a aprobación plenaria. Por ello, el PP reclama conocer quién la aprobó, quién la firmó y qué procedimiento administrativo se siguió.
Falta de transparencia y ausencia de seguimiento
Bea Jiménez también ha denunciado la falta de información sobre la comisión de seguimiento del convenio. Ha recordado que el Ministerio de Transportes respondió a una pregunta del Grupo Popular en el Congreso, el 11 de marzo, asegurando que dicha comisión todavía no se había constituido, mientras que el Ayuntamiento trasladó posteriormente que se había reunido el 26 de febrero.
Una discrepancia que, para Jiménez, evidencia la necesidad de aclarar qué ha sucedido realmente. El Grupo Popular ha solicitado conocer la composición de esta comisión, sus integrantes y las actas de sus reuniones, sin haber obtenido la documentación necesaria para esclarecer los hechos.
La presidenta popular ha recordado también que el convenio nunca llegó a someterse a la aprobación del Pleno municipal, pese a que se abrió un periodo de alegaciones durante el que el Partido Popular presentó sus propias propuestas, que tampoco han recibido respuesta.
Por su parte, el concejal popular Juan Guadalajara, ha señalado la falta de seguimiento en la ejecución de las actuaciones previstas, poniendo como ejemplo los aparcamientos en superficie. Según ha explicado Guadalajara, Adif abonó en mayo de 2026 la totalidad del coste de unas obras que debería haber pagado un mes después de su recepción, acumulando un retraso de aproximadamente año y medio.
“Para desmantelar nuestra línea de tren convencional y firmar el Plan X Cuenca sí tuvieron todas las prisas. Sin embargo, para cumplir y gestionar lo que habían firmado, no han demostrado la misma diligencia”, señalaba Bea Jiménez.
La candidata a la alcaldía ha cuestionado también qué interés tiene ahora el equipo de Gobierno socialista en desarrollar unos terrenos que durante la pasada legislatura presentó como la gran oportunidad para revitalizar Cuenca y que, a su juicio, han quedado relegados durante estos años.
Por todo ello, el PP considera imprescindible que se investigue lo sucedido y que sean los tribunales quienes determinen si la tramitación se ha ajustado a la legalidad. Los servicios jurídicos del Partido Popular están trabajando en la fórmula y el procedimiento para llevar este asunto ante la justicia.
Jiménez ha insistido en que los conquenses merecen conocer la verdad y recibir explicaciones sobre las decisiones que afectan al futuro de su ciudad. Además, ha recordado el compromiso anunciado por Alberto Núñez Feijóo de realizar una auditoría de la red ferroviaria y de las cuentas públicas para conocer el destino de los recursos de los contribuyentes.
“Las administraciones públicas tienen que estar al servicio de los ciudadanos, no al servicio de un partido ni de sus dirigentes. Cuenca merece transparencia, responsabilidad y explicaciones. No podemos permitir que quienes tienen la obligación de defender los intereses de los conquenses jueguen con su futuro”, concluía.
