Las Plataformas Ciudadanas Stop Biometano han mostrado su rechazo frontal a las recientes declaraciones de la consejera de Desarrollo Sostenible, Mercedes Gómez, y denuncian que la Junta de Comunidades pretende imponer un modelo industrializado de espaldas a los pueblos de Cuenca y Guadalajara. Los colectivos acusan al Gobierno regional de ignorar el impacto de las macroplantas y de responder con evasivas a las más de 15.071 alegaciones presentadas contra el Plan Regional de Biometanización 2024-2030. Según las plataformas, la administración autonómica vulnera el derecho de participación ciudadana al no ofrecer valoraciones técnicas o jurídicas individualizadas.
La indignación vecinal responde a la Declaración Ambiental Integrada del plan, publicada el pasado 12 de febrero. Este documento, según advierten los afectados, omite los impactos acumulativos de instalar entre 80 y 100 plantas de biometano en la región y el riesgo que suponen para los acuíferos, ya castigados por la contaminación por nitratos. Además, los colectivos denuncian que se ha ignorado un informe de la propia Consejería de Sanidad que alerta sobre el peligro de escape de gases como el metano, sulfídrico y amoníaco, causantes de enfermedades respiratorias.
Para los representantes ciudadanos, el plan transforma las zonas rurales en enclaves industriales para la gestión de residuos, amenazando la agricultura tradicional y el turismo rural. También cuestionan la independencia del Estudio Ambiental Estratégico, redactado por entidades vinculadas al sector del biogás. Ante la afirmación de la consejera sobre la capacidad de los ayuntamientos para decidir, las plataformas exigen que los informes socioeconómicos municipales sean estrictamente vinculantes para impedir recalificaciones de suelo rústico sin aprobación local.
Exigencias de los vecinos
Para frenar lo que consideran la conversión de sus municipios en vertederos industriales, las organizaciones han planteado una serie de reclamaciones innegociables a la Junta:
La suspensión cautelar inmediata del Plan Regional de Biometanización 2024-2030.
La revisión individualizada, motivada y jurídicamente válida de las 15.071 alegaciones presentadas.
La apertura de investigaciones sobre posibles irregularidades y conflictos de interés en la redacción del plan.
La elaboración de una evaluación ambiental verdaderamente independiente y libre de vínculos empresariales.
La creación de un marco regulador estricto que garantice la protección del medio ambiente, la salud pública y la autonomía municipal.
Evolución del conflicto
El choque entre la administración autonómica y los movimientos vecinales no es un fenómeno aislado, sino el resultado de meses de tensión creciente en el medio rural. Tal y como ha documentado el archivo de liberaldecastilla.com durante el último año, las protestas que comenzaron de forma fragmentada contra proyectos específicos de macrogranjas en distintos municipios de Cuenca y Guadalajara han cristalizado en un frente común organizado.
La respuesta de la Consejería de Desarrollo Sostenible marca un punto de inflexión en este proceso. Lejos de apaciguar el malestar, la falta de garantías sobre el tratamiento del digestato y las emisiones contaminantes ha provocado que las plataformas refuercen su coordinación regional. El debate ha pasado de centrarse en instalaciones individuales a cuestionar la totalidad del modelo de gestión de residuos de Castilla-La Mancha, evidenciando una fractura profunda entre el diseño de las políticas energéticas y la realidad social de las comarcas afectadas.
