Fundación Artemisan ha realizado un llamamiento urgente al colectivo cinegético para que participe de forma activa en los programas de monitorización de fauna silvestre puestos en marcha en el sector. El objetivo de la entidad científica es recabar censos rigurosos sobre el terreno que permitan fundamentar la defensa legal de la actividad ante las administraciones y los tribunales frente a los recursos judiciales de entidades ecologistas.
La advertencia se produce después de que el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León haya acordado suspender cautelarmente la captura de cinco especies silvestres —la becada, la agachadiza común, la agachadiza chica, el avefría y el pato silbón europeo— a raíz de una demanda interpuesta por SEO/BirdLife, una situación que reproduce el escenario vivido recientemente en la Comunidad de Madrid.
Personación en los tribunales y exigencia de garantías económicas
La fundación ha anunciado que se personará directamente en el proceso judicial de Castilla y León, al igual que ha hecho en Madrid y en los sucesivos litigios abiertos contra las órdenes autonómicas de veda en distintos puntos del territorio nacional.
Desde la entidad señalan que, con independencia de que las restricciones preventivas puedan ser revocadas con posterioridad, la mera adopción de medidas cautelares ya genera un perjuicio directo e irreparable para la actividad cinegética. Por este motivo, Artemisan solicitará la fijación de garantías y cauciones económicas a la parte demandante en caso de que no se levanten de inmediato las prohibiciones decretadas.
Redes de monitorización de fauna e interlocución institucional
Para contrarrestar los argumentos esgrimidos en vía judicial sobre la supuesta carencia de información biológica, Fundación Artemisan se ha puesto a disposición de la Junta de Castilla y León para facilitar los registros acumulados en el Observatorio Cinegético, la mayor infraestructura de seguimiento poblacional de fauna silvestre cinegética del país.
La entidad subraya que proyectos científicos como Coturnix, Zorzales, RUFA, PIRTE o Aquaves —desarrollados con el respaldo de federaciones, cazadores, Mutuasport y el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación— constituyen la única vía contrastada para aportar la información empírica que reclaman los juzgados españoles y las autoridades de la Unión Europea para garantizar la viabilidad y gestión sostenible del sector.
