FeSP UGT exige el paso al Grupo B de los Agentes Medioambientales, Informáticos y Técnicos de Prevención de la Junta de Castilla-La ManchaEn el año 2011 se aprobó la Ley de Empleo Público de Castilla-La Mancha, en esta norma cuyo contenido se negoció con las organizaciones sindicales, el Gobierno Regional acepto enmarcar al personal de estos grupos en el grupo B. Tras siete años de existencia de esta norma, aún no ha sido aplicada por lo que desde UGT, “nuevamente insistimos en la necesidad de cumplir con lo establecido en la Ley y proceder a la modificación del grupo de clasificación”, como ha asegurado el responsable del Sector Autonómico de FeSP UGT CLM, Luis Manuel Monforte.

“No tiene ningún sentido que persiste este incumplimiento,  desde UGT llevamos años instando a la Administración a que realice este cambio y entendemos que ya no cabe esperar más, la Administración Regional debe cumplir la ley”, ha señalado el responsable de FeSP UGT CLM.

A este personal se le enmarco en el grupo B porque sus tareas, su titulación y su responsabilidad es propia de este grupo y llevar a cabo este cambio supone por un lado que tras 7 años desde su publicación se cumpla la ley y por otro lado un reconocimiento al trabajo que realizan estas categorías que perciben unas retribuciones inferiores a las que fija la ley.

“De persistir en el Grupo C1 y dado que la Ley marca otra cosa y que la titulación que se les exige es superior a la que se necesita para acceder al grupo en el que se encuentran actualmente, UGT estudiará las vías para forzar a la administración regional a que finalmente cumpla lo establecido en la ley.”

Desde UGT “exigimos al Gobierno Regional que de cara a la Mesa General del próximo 18 de Septiembre se incluya este punto en el II Acuerdo Administración-Sindicato y se cumplan con los compromisos adquiridos”, insistido Luis Manuel Monforte.

Desde el Sindicato Profesional de Agentes Medioambientales de UGT, se lleva solicitando junto con el paso al grupo B, la necesidad de revisar funciones, jornada, horarios, etc, en definitiva “es necesario que la Administración constituya una comisión para cumplir sus compromisos, compromisos que se adquirieron con la aprobación de esta ley y que hasta la fecha han caído en el olvido”, ha concluido Luis Manuel Monforte.