Nadie dice que sea fácil. Y nadie dice que todos tengamos que estar de acuerdo.
La ley del «sólo si es sí» tiene su razón de ser: proteger a las víctimas de abusos, proteger a los menores e intentar construir un marco legal protector para todas aquellas mujeres que son explotadas o reducidas a la esclavitud sexual.
Todos estamos de acuerdo en los primeros principios y queremos considerar buenas las intenciones subyacentes. Pero, cuando una legislación escandaliza a las masas, es tarea de la democracia volver a abrir la puerta al diálogo. Porque la primera conciencia de la jurisprudencia reside en la etimología de la palabra: juris prudentia, o prudencia (entendida como sabiduría) en la aplicación y contextualización de la norma.
Si no fuera así, si no hubiera diálogo e intercambio entre distintos puntos de vista, significaría que la norma es socialmente perfecta. O impuesta indiscriminadamente y sin tener en cuenta los valores constitutivos de la democracia.
Esto es especialmente cierto cuando se trata de las trabajadoras sexuales, todas aquellas mujeres que en España (como en el resto de Europa) eligen conscientemente ejercer la profesión más antigua del mundo.
La confusión surge cuando seguimos llamando «protección» a algo que, en realidad, se llama abolicionismo.
Y el abolicionismo, históricamente, siempre ha generado lo contrario de la protección.
Siempre ha generado clandestinidad, aumento de la ilegalidad y peores abusos y violencia que los que pretende combatir.
En estos momentos en España, por un lado se profesa la igualdad y la equiparación de derechos, por otro estigmatiza y margina a una gran parte de las trabajadoras.
Lo dice Alfredo Urdaci, periodista y escritor que acaba de publicar su obra ‘Palabra Puta‘ así como presentador del podcast ‘Condenadas a la clandestinidad’.
«En España, de nuevo, las mujeres deben ser de una determinada manera y comportarse de acuerdo con un canon. De lo contrario, son perseguidas y silenciadas, y se le condena a una clandestinidad de la que solo pueden salir si se declaran víctimas. Hemos vuelto a dictadura, punitiva y moralista. La desigualdad ahora se aplica con criterios morales«.
El pasado 8 de marzo, Día Mundial de la Mujer, en las principales plazas y calles de Madrid, Barcelona y Valencia aparecieron carteles en todas las paredes en los que se leía: «Soy trabajadora sexual ¿Dónde están mis flores?». Una provocación llevada a cabo por la web de reseñas Escort-Advisor y la asociación española Contra Abolicion. Pero, a pesar de ello, los españoles callan.
Frecuentan las «putas», pero no quieren hablar de ello.
Y la Unión Europea, de la que España es orgullosamente miembro, ¿qué dice?
La Unión Europea también defiende que el trabajo sexual es una opción posible para que las trabajadoras sexuales alcancen la autonomía y se puedan mantener a sí mismas y a sus familias. Este concepto también ha sido destacado recientemente por la Comisión de Derechos Humanos del Consejo Europeo en su último Dictamen de 15 de febrero, en el que se destacan puntos clave sobre la falta de derechos de las Trabajadoras sexuales, donde afirma:
«Este concepto también se destaca en la Comisión de Derechos Humanos del Consejo Europeo, que en su último comunicado del 15 de febrero subraya puntos clave sobre la falta de derechos de las trabajadoras sexuales, donde afirma: Las trabajadoras sexuales sufren la persistente estigmatización del trabajo sexual como algo vergonzoso y deshonroso. El consiguiente alto nivel de falta de respeto, intimidación y discriminación socialmente aceptada, basada en su incapacidad percibida para ajustarse a las normas sociales y de género de comportamiento sexual, obstaculiza sus esfuerzos para llevar una vida autodeterminada. y sigue Las pruebas disponibles presentadas por las organizaciones internacionales de derechos humanos, los organismos pertinentes de la ONU y los testimonios de las propias trabajadoras sexuales indican, sin embargo, que la protección de las trabajadoras sexuales y de sus derechos no puede garantizarse mediante la criminalización del trabajo sexual.« (Comisión de Derechos Humanos del Consejo Europeo, Dictamen de 15 de febrero de 2024).
Así que hay que preguntarse, ¿cómo es que si una mujer dice que sí a esta profesión, tiene que ser considerada una criminal y privada de cualquier poder de elección?
¿Dónde está ese derecho a la autodeterminación, a tomar sus propias decisiones y decir que sí, de todas estas mujeres?
¿Cuál es la verdadera respuesta que la sociedad civil española quiere dar a estas mujeres profesionales?
Porque la indiferencia y el silencio nunca son una respuesta. Tampoco lo es la abolición.
