La Confederación de Empresarios de Cuenca (CEOE CEPYME Cuenca) advierte que el absentismo laboral ha dejado de ser un contratiempo puntual para convertirse en un problema estructural que amenaza al tejido productivo local. La patronal subraya que esta situación castiga con especial dureza a los negocios de menor tamaño, donde la dificultad para sustituir a los trabajadores de baja paraliza la actividad y lastra la competitividad.
Ante este escenario, los empresarios exigen abordar el conflicto a través del diálogo social. En sintonía con la CEOE nacional, la delegación de Cuenca reclama a las administraciones un mayor control de las bajas médicas mediante la inspección sanitaria y las Mutuas de accidentes de trabajo. Consideran que el actual marco regulatorio genera un efecto dominó que perjudica gravemente la viabilidad de las empresas y dispara los costes del propio sistema.
Las cifras reflejan la magnitud económica de este fenómeno. Durante el año 2025, el coste del absentismo escaló hasta los 33.000 millones de euros, consolidándose como la segunda partida de gasto nacional más abultada, solo por detrás del pago de pensiones. Las empresas asumen de forma directa más de la mitad de esa cifra, unos 17.000 millones de euros. Por su parte, los trabajadores autónomos afrontan anualmente cerca de 10.000 millones de euros asociados en exclusiva a las cargas burocráticas derivadas de estas ausencias, un peaje que se suma a la presión fiscal y a las recientes subidas de las cotizaciones sociales.
El análisis de la hemeroteca de Liberal de Castilla demuestra que la preocupación de la patronal conquense por los sobrecostes laborales sigue una tendencia sostenida en el tiempo. Ya en ejercicios anteriores, CEOE CEPYME Cuenca alertaba en estas mismas páginas sobre la pérdida progresiva de márgenes en las pymes de la provincia por la suma de la inflación y los impuestos. Sin embargo, la evolución actual del discurso evidencia un cambio de foco: el principal riesgo inmediato para la economía de Cuenca ya no es solo la carga impositiva o el reto demográfico, sino la incapacidad de mantener las puertas abiertas por la falta imprevista de personal, lo que exige medidas inmediatas para frenar el cierre de micropymes.
