El importe a devolver asciende a 11.432,64 euros. También se ha abierto procedimiento a la exconcejala de Bienestar Social del PP por haber recibido gratificaciones periódicas por importe de 3.400 euros, prohibidas para cargos políticos.
Mercedes Herreras Fogarty, exalcaldesa de Villanueva de la Jara, está siendo objeto de un procedimiento de revisión de oficio por posibles cobros indebidos durante su etapa como cargo público. La medida fue aprobada por mayoría absoluta en el pleno del pasado 3 de junio con los votos en contra del PP, actualmente liderado, tras la dimisión de varios ediles populares, por quien fue su ex teniente de alcalde y que por sus desavenencias con Herreras Fogarty, no formó parte de la candidatura y ahora ha sido propuesto por el PP provincial como concejal.
La investigación se originó al detectarse, al inicio de la actual legislatura, discrepancias entre las retribuciones aprobadas por el Pleno y las nóminas realmente percibidas. Según la documentación recabada, Herreras habría cobrado durante años un plus fijo mensual de 282,72€ euros en concepto de kilometraje, sin justificación documental, incluso durante el estado de alarma por la COVID-19, cuando la movilidad estaba reducida casi por completo. El desmesurado kilometraje que se correspondería a las cantidades cobradas—unos 1.500 km mensuales— ha generado serias dudas sobre su veracidad.
A ello se suma otra subida salarial de 300 euros mensuales desde septiembre de 2021, sin acuerdo ni respaldo plenario, así como posibles duplicidades detectadas en pagos relacionados con desplazamientos. El importe total a devolver asciende a los 11.432,64 euros.
Durante el proceso de regularización contable se encontraron, además, movimientos en una tarjeta institucional y pagos en efectivo que coinciden con conceptos ya abonados en nómina. También se abre procedimiento a la exconcejala de Bienestar Social del PP, por haber recibido gratificaciones periódicas por importe de 3.400€, prohibidas expresamente para cargos políticos.
En el trámite de audiencia de la fase previa, las implicadas alegaron defectos de forma y falta de advertencias técnicas, aunque no presentaron documentación que justificara los cobros. No obstante, la exalcaldesa ha mostrado su disposición a devolver las cantidades percibidas durante el estado de alarma, reconociendo de facto su improcedencia.
En marzo de 2025, Herreras Fogarty presentó su dimisión como concejala, al tiempo que se conocía un informe jurídico de la Diputación de Cuenca que avalaba la legalidad del procedimiento que se ha abierto ahora por la actual corporación. Su gestión también dejó consecuencias económicas para el municipio, al permitir que prescribiesen los cobros de tributos vinculados a molinos eólicos no registrados en el Catastro desde 2017.
Tanto desde instancias municipales, como provinciales, se insiste en la necesidad de garantizar la legalidad, la transparencia y la rendición de cuentas en el ejercicio de cargos públicos.
