Agricultores, vecinos de Usanos y la organización Ecologistas en Acción han reclamado a la Junta de Castilla-La Mancha y a la Fiscalía de Medio Ambiente la paralización inmediata de los proyectos fotovoltaicos Oliva. Estas cinco plantas, impulsadas por Solaria con una extensión de 235 hectáreas en la pedanía de Guadalajara, se construyen a una distancia de entre uno y dos kilómetros de nidos de águila imperial ibérica, una especie en peligro de extinción en la región. También se ven afectados nidos de águila real, catalogada como vulnerable, incumpliendo la distancia de seguridad de tres kilómetros que recomiendan los estudios científicos.
En los terrenos afectados se localiza además un importante grupo reproductor de avutardas avalado por el CSIC, además de sisones, gangas ortegas, cernícalos y aguiluchos cenizo y pálido. Todo ello configura un hábitat de alta calidad para la dispersión, migración y reproducción de estas aves esteparias protegidas.
Contradicciones en la evaluación ambiental
Los proyectos han recibido la aprobación del Ministerio de Transición Ecológica (MITECO) a pesar de las severas advertencias medioambientales. Según los colectivos denunciantes, la propia Junta de Castilla-La Mancha destacó en sus informes la elevada sensibilidad ecológica del entorno, y la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Guadalajara llegó a proponer la declaración de la zona como ZEPA (Zona de Especial Protección para las Aves) para integrarla en la red Natura 2000.
Las plataformas critican que el proyecto Oliva se haya fragmentado artificialmente en cinco plantas de menor potencia para sortear una evaluación ambiental conjunta e ignorar así su impacto acumulativo y sinérgico. Además, denuncian una falta de coherencia por parte del Ministerio, ya que a escasa distancia se han desestimado recientemente instalaciones similares por su impacto inasumible sobre la fauna. Ante estos hechos, exigen transparencia en los criterios aplicados y la adopción de medidas cautelares para proteger el entorno natural.
El historial de la fotovoltaica en La Campiña
La movilización contra el proyecto de Solaria en Usanos se suma a una creciente preocupación en la provincia frente a la implantación desordenada de grandes proyectos renovables. En diciembre de 2024, el propio Ministerio de Transición Ecológica desestimó las plantas fotovoltaicas GR Avutarda (El Casar) y GR Sisón (también en Usanos) por ubicarse en terrenos agrarios críticos para aves esteparias y rapaces.
Asimismo, en julio de 2024, la Asociación Provincial de Agricultores y Ganaderos (APAG) ya había solicitado al Ayuntamiento de Guadalajara una moratoria para la concesión de licencias fotovoltaicas, alertando de que el proyecto Oliva afectaría a más de 500 hectáreas arables (más de 1.600 incluyendo áreas de mitigación) e implicaría expropiaciones a los agricultores tras ser declarado de Utilidad Pública. La presión constante de infraestructuras sobre La Campiña mantiene abierto el debate entre el avance renovable y la supervivencia del modelo agrícola y la biodiversidad en la provincia.
