El Grupo Popular en la Diputación de Cuenca ha pedido, de nuevo, que el Equipo de Gobierno de la institución “paralice” la aprobación de la nueva tasa de basuras. El PP registraba ayer sus alegaciones centradas fundamentalmente en que la institución provincial que preside el socialista Martínez Chana “carece de un informe técnico y económico real y fiable sobre el coste del servicio y, además no fomenta la reducción de la producción de residuos ni de la contaminación”.
La presidenta del Grupo Popular en la Diputación, Clara Plaza, ha apuntado que, desde el pasado mes de octubre, “llevamos alertando sobre esta subida en la tasa de basuras que va a afectar muy directamente a los bolsillos de todos los vecinos de la provincia”. Plaza ha recordado cómo a los pueblos en los que la Diputación se encarga de la recogida de sus residuos, “los vecinos y las actividades empresariales como tiendas, panaderías, peluquerías, bares o supermercados, van a ver incrementado su recibo en un 30%”. En el resto de municipios, esta subida variará desde esa cantidad hasta incluso el 70 por ciento de aumento. La portavoz popular también ha querido recordar cómo el pasado mes de octubre los diputados del PP pidieron “derogar la ley aprobada por el Gobierno de Sánchez o, en caso negativo, aplicar una moratoria para su puesta en marcha”. “Nada de esto fue aceptado por el actual Equipo de Gobierno, que decidió seguir adelante”, ha señalado Clara Plaza. También ha querido recordar que la citada ley “supone atentar contra la autonomía de los Ayuntamientos. Nos obliga a cobrar esta tasa a los ciudadanos”.
El portavoz del Grupo Popular, Cayetano Solana, ha insistido en la necesidad de que “se paralice” la aplicación de la ordenanza “y se reelaboren unos informes con rigor y con precisión porque la propia Diputación reconoce que los datos que ofrecieron en el informe técnico económico inicial no son ajustados al coste real del servicio”.
Así, las alegaciones presentadas por el Grupo Popular, según ha detallado Solana, “se basan principalmente en dos argumentos. Por un lado, en que el informe técnico económico en el que se sostiene la modificación de la ordenanza no se ajusta a la realidad del coste del servicio de la recogida de servicios. En segundo lugar, la modificación que se propone no cumple el espíritu de la ley ya que no implanta bonificaciones por reducción de generación de residuos”. El portavoz popular ha explicado, en relación a los informes económicos, que técnicos de la institución manejan unas cifras diferentes a las del propio Equipo de Gobierno, “no se puede entender que se de por válido un documento y otro no con los mismos datos de partida”, ha apostillado.
Solana también se ha referido a la falta de presupuestos de la Diputación para el próximo 2025, “esta ordenanza está basada en ellos, que ni tan siquiera están aprobados”. “No olvidemos que la Ley que da pie a esta ordenanza, aprobada en el año 2022 por el gobierno de Sánchez, no se ha preocupado de reducir los residuos que generamos o la contaminación, sino que se ha centrado básicamente en imponer un canon de entre 30 y 40 euros por tonelada de residuos. Hay que preocuparse de reducir la contaminación y menos de aplicar un nuevo impuesto a los ciudadanos cada vez con más cargas impositivas y, sin embargo, con iguales o peores servicios”, ha finalizado el portavoz popular.
