“Vamos a presentar un recurso de reposición contra el acuerdo de la Junta de Gobierno Local y, si el alcalde sigue negándose a dar explicaciones, acudiremos a la vía judicial”. Así lo ha anunciado hoy la presidenta del Grupo Municipal Popular, Bea Jiménez en rueda de prensa ante los medios de comunicación.
La presidenta del Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de Cuenca, Bea Jiménez, ha afirmado que esta decisión “no responde a un interés político, sino a la obligación de defender el dinero de todos los conquenses y garantizar un servicio público esencial”.
Jiménez ha recordado que el transporte urbano “sigue funcionando mal” pese a las modificaciones recientes y ha reprochado al equipo de gobierno “su silencio y su falta de transparencia ante un proceso lleno de sombras”.
La líder popular ha subrayado que desde su formación “llevan meses pidiendo explicaciones” y que incluso lograron la aprobación de una moción, en marzo de 2025, para exigir un nuevo contrato de autobuses. “Cuenca no puede permitirse llegar a 2027, año en que termina la prórroga del actual contrato y coinciden las elecciones, con el mismo caos que vivimos hoy”, ha advertido.
Falta de control
Por su parte, el concejal popular, Juan Guadalajara ha explicado los detalles técnicos del expediente de transporte urbano, destacando que “algo que en 2022 tardó más de cuatro meses y necesitó una docena de informes, se resolvió en apenas 42 minutos en 2023”.
Guadalajara ha denunciado que la empresa concesionaria presentó dos propuestas para modificar las líneas tras el fracaso del intercambiador, que costó 30.000 euros y apenas duró nueve días, y que la segunda “milagrosamente cuadraba al centímetro con los kilómetros previstos”.
“Ni el Ayuntamiento ni el concejal de movilidad comprobaron nada. Dieron el visto bueno sin justificar los datos, los recorridos ni las frecuencias”, ha criticado el edil popular, quien advierte que “esta falta de control puede costar muy caro a los conquenses”.
El Grupo Popular teme que, como ya ocurrió con una sentencia que obligó al Ayuntamiento a pagar más de 600.000 euros a la empresa por servicios no controlados entre 2012 y 2018, la ciudad vuelva a enfrentarse a nuevas reclamaciones millonarias cuando termine la actual prórroga en 2027.
Responsabilidad y transparencia
Bea Jiménez ha recalcado que el Grupo Popular “no se va a quedar de brazos cruzados”. “Si el equipo de Gobierno socialista no asume su responsabilidad y no aclara qué ha pasado, seremos nosotros quienes lo llevemos hasta las últimas consecuencias. Cuenca no puede seguir pagando los errores del PSOE”.
La también diputada nacional ha reclamado “un nuevo contrato moderno, eficiente y adaptado a las necesidades reales de la ciudad”, y ha finalizado insistido en que “el transporte público debe dejar de ser un problema crónico para convertirse en una solución para los conquenses”.
